Mexicali. El ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, es uno de los deudores del servicio de agua y drenaje de un establecimiento de recreación en Tijuana.
Vega de Lamadrid hizo un desarrollo habitacional en la colonia Guadalupe Victoria dónde construyó un salón para actos sociales de los vecinos y aunque en julio de 2015 firmó un convenio de pago su deuda asciende a 2 millones de pesos.
Para la actual administración estatal el panista violó la Ley de Ingresos y la Ley Estatal de Servicios de Agua.
Este miércoles el gobernador Jaime Bonilla dió a conocer un listado de 18 empresas y personas físicas que tienen un adeudo de 64 millones 600 mil pesos por los servicios durante un periodo de cinco años. En esa lista se encuentran hoteles y tiendas de autoservicio como Walmart.
Durante la videoconferencia del gobierno estatal para dar a conocer la situación de la pandemia del Covid19 y la entrega de despensas dentro del programa alimentario, el gobernador preguntó al fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz, sobre las denuncias por actos de corrupción de Vega de Lamadrid y sus funcionarios.
Hay avances pero estamos detenidos en espera que reinicien actividades la Secretaria de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dijo el fiscal.
INVESTIGAN A 121 EX SERVIDORES PÚBLICOS DE KIKO
Por daño patrimonial, cohecho y abuso de autoridad, la Secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California investiga a 121 exservidores públicos de la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid debido a actos de corrupción detectados en el organismo administrador del agua potable y drenaje de Tijuana
En 31 carpetas de investigación se establecen los mecanismos de estás irregularidades que afectaron el patrimonio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
La secretaria Vicenta Espinoza informó que se abrirán también investigaciones a los responsables del área jurídica por las omisiones en los contratos de servicios.
Espinoza Martínez dijo que 24 expedientes han sido entregados a la Fiscalía General del Estado por considerar que existen delitos cometidos por servidores públicos.
