Ciudad de México. A las puertas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pepenadores que trabajaron desde hace 30 años recolectando residuos al interior de la Central de Abasto, lo que les permitía un ingreso de 155 pesos diarios, para sobrevivir desarrollando su labor entre las dos de la madrugada y el medio día, pidieron el apoyo de la jefa de Gobierno tras denunciar que una empresa recolectora de cartón, pet, fierro y madera, los ha desplazado de su actividad. 

Desde 2019 la empresa, de la cual desconocen su razón social, ha contratado personal dejándolos sin su trabajo a pesar de que cuentan con credenciales oficiales de la Central de Abasto de la Ciudad de México para realizar sus actividades legalmente.

Adelina Domínguez García, pepenadora desde 1985 en ese mercado, dijo que “el domingo pasado fuimos desalojados de nuestras casas de cartón y madera, en la que nos alojábamos, en la calle Cazuela a unos 30 metros de donde vivíamos antes del incendio el pasado 7 de abril en el que perdieron la vida 14 personas, entre ellas dos menores de edad”.

“El acoso no ha cesado y apenas la noche de este martes 2 de junio, también fuimos desalojados del llamado corredor ecológico” de la Central de Abastos, añadió.

Los recolectores de desechos sólidos explicaron que con estas acciones violan sus derechos laborales y humanos al retirarles sus fuentes de trabajo de manera arbitraria así como al destruirles, con trascabos, sus viviendas.

 “En la madrugada del 7 de abril, inexplicablemente a las dos de la mañana aproximadamente se incendiaron sus hogares, autos, camionetas y triciclos que utilizaban para su trabajo hasta quedar en cenizas, lo que obligó a  instalarse provisionalmente entre calle Cazuelas y Calle sobre Avenida Principal”, dennciaron.

“Sin argumento legal alguno, un día antes, quien dijo llamarse Pedro Bello, nos pidió retirarnos del lugar o seríamos desalojados como una medida sanitaría ya que no éramos nada ni teníamos derecho alguno para reclamar vivienda en la Central de Abasto”, agregaron.

Durante la protesta afuera del Palacio del Ayuntamiento, Wilfrido Hernández Jarquín, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, comentó, al leer un comunicado que “tras el incendio, se ingresó un escrito denunciando los hechos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mediante el folio de recibido número 7746, sin respuesta alguna al día de hoy para saber si lograron identificar a los 11 cuerpos que quedaron irreconocibles y no han sido reclamados pues algunos eran indigentes y otros eran recolectores procedentes del interior de la República”.