Durante el avance del proyecto del Tren Maya se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho, ya que existen amparos de jueces federales que ordenan la suspensión de actividades del proyecto y hasta la CNDH ordenó la suspensión de trabajos no esenciales del proyecto, señalaron 159 organizaciones y 89 activistas.
En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador que ya dio el banderazo al proyecto, las organizaciones plantearon que su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país.
“El avance del proyecto que se fuerza desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto”, dijeron.
Debido a la pandemia, señalaron que se han cancelado reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna.
Además el proyecto afecta de manera directa a comunidades indígenas de cuatro de las cinco entidades por las que pasará, sin un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y “pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación”.
Agregaron que los procesos de consulta y de pagos simbólicos por derechos de vía a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones.
Además dijeron que hay “serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental” ya que diversos estudios refieren que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas.
La carta la suscriben Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, Quintana Roo, Ka' Kuxtal Much' Meyaj, Hopelchén, Campeche, entre otras organizaciones.
