Frente al aumento de las defunciones por Covid-19, las autoridades deben asegurar el manejo digno y la protección de las personas fallecidas y sus familias, y así ayudar a mitigar el sufrimiento de quienes han perdido a un ser querido, enfatizó la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central.
“La muerte de personas cercanas impacta enormemente la vida de los que quedan, más aún si ésta se produce en el marco de una dolorosa pandemia que no permite elaborar esa realidad de forma ´natural´, como visitar al ser querido en el hospital, saber que él o ella se siente acompañado durante su enfermedad, tomar su mano al momento de su partida o despedirlo junto con familiares y amigos en el cementerio”, aseguró Olga Barragán, coordinadora Forense para México del CICR.
En un comunicado, el organismo humanitario recordó que, según cifras oficiales al 1 de junio del año en curso, a nivel mundial se han reportado 6 millones 057mil 853 casos confirmados de Covid-19 y 371 mil 166 defunciones. A la fecha, en México se registran 93 mil 435 casos y 10 mil 167 fallecimientos por este nuevo coronavirus.
“La planificación y adopción de medidas para el manejo de un gran número de fallecidos es trascendental para evitar consecuencias humanitarias de grandes dimensiones, que pueden perdurar en el tiempo”, aseguró Barragán.
Dicha planeación requiere el desarrollo de rutas, protocolos y planes de emergencia que aseguren el manejo interinstitucional coordinado de los cuerpos de las personas fallecidas. También implica la identificación de roles y responsabilidades; la previsión de espacios adecuados y dignos de custodia temporal de cadáveres; su identificación y notificación a los familiares, así como el resguardo y la centralización de la información.
Ante el creciente número de fallecidos de una manera rápida y tomando en cuenta que cada vez más se opta por la cremación como opción final para los restos, “es posible que se congestionen los hornos crematorios o aumenten los tiempos para la inhumación en los cementerios. Ello podría generar un cuello de botella en los hospitales de cuerpos en espera a ser entregados a sus familiares”.
La previsión de espacios adicionales adecuados para el resguardo temporal de cadáveres es trascendental en este tipo de situaciones, por lo cual, estas medidas de emergencia deben contemplar una disposición digna de los cadáveres, aseguró el CICR.
La organización recomendó que las autoridades involucradas en el manejo de cadáveres garanticen además la disponibilidad de equipos de protección personal, el material, equipamiento y capacitación, así como la adopción de buenas prácticas que no comprometan la seguridad del personal encargado de su manejo.
Asimismo, para garantizar la documentación necesaria y que los familiares sepan dónde se encuentran inhumados sus seres queridos, en caso de que estos no puedan acompañarlos a su destino final, la institución recomienda una inhumación individualizada; el registro exacto del entierro y asegurar la rastreabilidad del cuerpo desde el fallecimiento hasta la disposición final.
“Tomar estas medidas, previene la desaparición de personas. Es importante también garantizar la realización de exámenes médico-legales en los casos que lo requieran. Los fallecidos por la covid- 19 bajo circunstancias claras en sus casas o en hospitales, no deben ser enviados a las morgues judiciales, a menos que requieran un examen médico legal, sea por causa de muerte violenta, sospechosa, en custodia o para establecer la identidad”, destacó Barragán.
Por otra parte, el CICR subrayó que dentro de un enfoque integral, es central ofrecer información a los familiares y asegurar que, de acuerdo con las normativas de cada país, se les permita ver a su ser querido y despedirlo en condiciones seguras atendiendo las normas de distanciamiento social estipulada por las autoridades.
Asimismo, resaltó que “los espacios de despedida y duelo son importantes, la forma en la que los familiares de los fallecidos puedan despedir a sus seres queridos tendrá un efecto duradero en las comunidades. Por esto, considera que las autoridades deberían planificar la disposición final de los cadáveres atendiendo los rituales funerarios, las costumbres y particularidades culturales, y las necesidades de los dolientes, sin poner en riesgo la salud de las familias ni de los responsables del manejo de los cuerpos”.