Chilpancingo. Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, denunció que este martes por la tarde en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, elementos de la Policía Estatal, catearon los domicilios de decenas de desplazados por la violencia provenientes de las comunidades de Filo de Caballos, Los Morros, y Campo de Aviación.

El defensor de derechos humanos dijo: “Esto tiene que ver con el control de la explotación, sabemos que en el fondo, ese es el interés”.

Mediante un mensaje de audio, explicó: “No es posible que solamente estén haciendo esto porque el interés esté en la explotación de las concesiones mineras; que esté en la extracción del oro. Sabemos que esa área forma parte del cinturón de oro que hay en nuestro estado, y nos preocupa que les interese más las inversiones empresariales, que la seguridad de la población”.

Hay un interés de las autoridades para posicionar a un grupo delincuencial en esa zona con el apoyo de la policía del Estado, y las otras corporaciones, por eso  los desplazados por la Policía Comunitaria de Tlacotepec, pidieron su intervención debido a que “los policías interrogan a la gente, la amenazan, y les dicen que entreguen las armas, además de sus celulares. Los policías les dijeron que andan buscando gente sospechosa”, explicó.

Demandó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), para que “asuman su responsabilidad y elaboren de oficio las quejas correspondientes”.

Olivares Hernández dijo que “no es posible que el control de la seguridad esté en manos de un grupo delincuencial, cuando esta tarea corresponde a las autoridades, máxime que el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya firmado el acuerdo para que la Marina, y el Ejército, asuman tareas de seguridad pública, y hoy no sean capaces de garantizarla, y sigan permitiendo que la policía estatal esté tomando acciones violatorias a los derechos humanos”.

Los desplazados de las comunidades ubicadas en la zona de la sierra “han dicho que tanto militares como la policía estatal, acompañaron al grupo delincuencial que los desplazó. Hacemos un llamado enérgico al gobierno estatal, para que asuma su responsabilidad y frene las violaciones a los derechos humanos”, recordó.

Demandó que se desmovilice a los grupos delincuenciales que operan en la región y en Guerrero, pues “ya hay amenazas tanto del gobierno federal, como estatal, de que ya no habrá apoyos porque los desplazados se fueron a vivir a Chilpancingo, donde hay fuentes de empleo; ahora son dos pandemias las que azotan a los desplazados: el coronavirus, y los grupos delincuenciales”.

La semana pasada civiles armados atacaron los poblados de Iyutla, y Tepozonalco, en donde quemaron 24 viviendas, y 8 vehículos, dejando unos 400 desplazados, que se suman a los cerca de 800, que abandonaron sus pueblos en noviembre de 2018.