Ciudad de México. El alza en el cobro por la transmisión de energía eléctrica aprobada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impactará en empresas que aportan 14 por ciento del producto interno bruto (PIB) e indirectamente al consumidor, estimó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que prevé una ola de amparos por dicha medida.
En videoconferencia Carlos Salazar Lomelín, presidente de la agrupación cúpula de la iniciativa privada, dijo que se desconoce el impacto real y el alcance que puede causar la determinación de regulador energético, pero los análisis preeliminares señalan que afectará el abasto eléctrico que representa en este momento el 14 por ciento del PIB a la industria, a los comercios e indirectamente a los consumidores, pues puede trasladarse el costo en los productos y servicios que adquiera la población.
Salazar Lomelín señaló que el acuerdo aprobado por la CRE se hizo en un mal momento no solo por la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus, sino porque en un mes entra en vigor el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Acotó que se observó el nivel de opacidad que hay en los organismos reguladores que supuestamente deberían ser árbitros entre los diferente agentes económicos, al tomar decisiones independientes, pues la medida favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“El acuerdo que la CFE impulsó y que la CRE materializó ayer para aumentar los costos de porteo, sin consultar a la industria, a los consumidores es un nuevo paso en el camino a inhibir la competencia y poner barreras arbitrarias y violar lo derechos de la iniciativa privada y muestran la intensión de recuperar el control, la opacidad en el sistema eléctrico”, apuntó antes de enumerar las distintas decisiones del gobierno federal que han ido en contra de las reglas establecidas como la política en el sector eléctrico publicada por la Secretaría de Energía (SE).
Señaló que la CFE ha estado exigiendo medidas regulatorias a modo, por lo que si se sigue por ese camino, las afectaciones se verán en la generación de electricidad, la creación de empleos y la atracción de nuevas inversiones.
Consideró que el acuerdo regresa 30 años en el tiempo, en el que solo existía un generador y no existía la competitividad.
Roger González, presidente de la Comisión Energética del CCE, consideró que “se materializó otro golpe” contra el sector e impactará directamente a la industria automotriz, educación, hospitales y hasta unos 24 municipios, además de acentuar la mala situación que viven varias empresas derivado de las afectaciones por el Covid-19.
Salazar Lomelín subrayó que estos cambios de regulación van en contra de la estructura legal, por lo que empresas han buscado ampararse y el Poder Judicial ha respondido positivamente ante esos recursos.
Acotó que solo por el acuerdo publicado por Sener se han interpuesto 18 amparos, por lo que prevé que con esta nueva situación sean muchos más recursos legales los que aparezcan.
“Es increíble lo que nos está pasando en el país, que todas las medida que se están tomando acaban judicializándose”.
Añadió que los cambios en el sector eléctrico harán pensar a los inversionistas si realmente quieren tener sus inversiones en México, aunque no señaló si ya se sabe de empresas que busquen dejar el país.
