El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) al tiempo que reprochó que hasta el momento siguen sin conocerse cuáles son las acciones estructurales que las autoridades implementarán para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, señaló que la campaña "Cuenta hasta 10", que lanzó el martes pasado el gobierno federal, “fomenta el clima de impunidad que prevalece en el país”.

En un pronunciamiento, abundó que la campaña normaliza las violencias contra mujeres y niñas, “pues no pone en claro que son delitos y como tal deben ser denunciados, investigados y sancionados. Invalida también la gravedad de los daños provocados por estas violencias en las víctimas al pedirles paciencia frente a un problema que lacera gravemente su dignidad como seres humanas, su integridad física, emocional y en numerosos casos acaba con su vida”. 

Señaló que “vergonzosamente vemos cómo las autoridades federales lanzan” este tipo de iniciativas “que reproducen la violencia contra las mujeres, dejan la responsabilidad a las víctimas y desdibujan los delitos, reduciéndolos a ‘estados de ánimo’”. A ello, agregó, “se suman la difusión de recetas de cocina y de cómo las mujeres ‘deben’ cuidar a su familia previamente difundidas por la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)”.

El OCNF destacó que la disminución de denuncias relacionadas a la violencia contra las mujeres en México, “no significa la ausencia, disminución y mucho menos la erradicación del delito”. Lo anterior, luego de que el pasado 25 de mayo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hizo pública la información de enero a abril 2020 sobre incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911. 

“Si bien el número de llamadas que se documentaron no son las mismas, advertir la disminución del delito, sin tomar en cuenta el contexto social y sanitario actual en el que nos encontramos es irresponsable y carente de perspectiva de género, ya que muchas mujeres se encuentran sin la mínima posibilidad de denunciar las agresiones de las que pudieran estar siendo objeto al interior de sus hogares por parte de sus esposos, padres, familiares, etc”, expuso. 

Aunado a ello, añadió, “la falta de denuncias está relacionada con que la propia autoridad ha disminuido su capacidad de atención a las mujeres, por el contexto de Coronavirus (Covid 19)”. 

Resaltó que previo a la contingencia sanitaria, las autoridades federales, particularmente la Conavim “tenía pendiente hacer públicas las estrategias y plan de trabajo para atender la problemática que día con día acaba con la vida de al menos 10.5 mujeres, a lo largo y ancho del país. Hasta la fecha, no sólo no ha presentado un plan claro de trabajo en esta administración, sino ha obstaculizado todas las acciones que desde sociedad civil se venían impulsando para erradicar la violencia contra las mujeres y promover el acceso a la justicia desde las alertas de violencia de género”. 

De enero a abril de 2020, 987 mujeres han sido asesinadas en México, de acuerdo a las propias cifras del SESNSP, solo 308 se iniciaron investigando como feminicidio, “pero ¿cuántos realmente tendrán justicia?”, cuestionó. Agregó que según las estadísticas oficiales, el estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco son las entidades con el mayor índice de feminicidios en los primeros cuatro meses del año; sin embargo, en 210 municipios del país se tiene presencia del delito. 

En el pronunciamiento, el OCNF realizó diversas preguntas al gobierno federal, entre ellas ¿cuál es la política pública para garantizar los derechos de las mujeres?, ¿qué está haciendo la Secretaría de Gobernación para implementar y evaluar las declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres?, si éstas son la única política pública de este gobierno.