Ciudad de México. Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres exigieron a la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de género por agravio comparado en el estado de Guerrero. En conferencia digital, expusieron que la solicitud del mecanismo se realizó el 8 de marzo de 2019 y a más de un año no han tenido respuesta mientras que en las autoridades estatales siguen sin cumplir con la norma 046 para garantizar la interrupción legal del embarazo en caso de violación.
Indicaron que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril del 2020 se registraron en la entidad 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto.
Justicia, Derechos Humanos y Género, y el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), organizaciones peticionarias de la alerta, acusaron que desconocen si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha solicitado al gobierno del estado información sobre la implementación de las recomendaciones respecto a la alerta, pese a que ya se venció el plazo de seis meses.
Recordaron que en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece que cuando no se implementen las propuestas contenidas en las conclusiones del informe de la alerta de género, la SG, por conducto de la Conavim, debe emitir la declaratoria del mecanismo en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen.
En la videoconferencia, expusieron el caso de Esmeralda, una niña de 14 años de edad con discapacidad intelectual, que fue víctima de violación sexual. A pesar de que el embarazo ponía en riesgo la vida de la menor, no se le realizó una interrupción legal del embarazo (ILE) y su hija murió al nacer por un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía.
Añadieron que hace un mes, tras realizar una visita de seguimiento, el personal de salud pudo constatar que la hermana menor de Esmeralda, quien también tiene discapacidad cognitiva, es victima de violación.
En este contexto, las organizaciones acompañadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir, demandaron al gobierno de Guerrero hacer públicos los avances e indicadores de cumplimiento de la Alerta de Género; al Congreso estatal que reforme el artículo 159 del Código Penal del Estado, fracción I, con relación a La Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para que se garantice el acceso de las mujeres a la ILE de manera segura.
Llamaron a la fiscalía estatal a fortalecer la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, reorientar recursos económicos y materiales para la mejor operación de la fiscalía especializada; de igual manera, pidieron que se capacitar sobre la NOM-046 a los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia encargados de atender a mujeres agredidas sexualmente, revisar y dar seguimiento a las carpetas de investigación, en proceso, de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto en la entidad.
