Buenos Aires. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño, presentó una demanda judicial contra el ex titular de ese organismo Gustavo Arribas, al que se llama a indagatoria como también al ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) por haber aplicado un “proceso sistémico de inteligencia ilegal” interfiriendo los correos electrónicos privados de políticos, dirigentes sociales, periodistas, diputados, e incluso un gobernador.
El espionaje estaba dirigido a actuales funcionarios como el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi; el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, del oficialista Frente de Todos; así como también los diputados Gabriela Cerrutti, Rodolfo Tahilade, Marcos Cleri; la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés; entre otros.
Además, fueron espiados los correos de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) aliada a Macri en la Alianza Cambiemos, Mario Negri, Ángel Rozas, Ernesto Sanz.
El lente de los espías vigiló a macristas tan leales al ex presidente, como la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso o el periodista Luis Majul, que sigue encabezando la “campaña sucia” contra el gobierno de Alberto Fernández, y al ex embajador en Uruguay, Mario Barletta; al ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y al sindicalista Héctor Daer, que tenía mucha cercanía con el pasado gobierno.
El espionaje alcanzó a dependencias policiales entre estas las que se encuentra la Comisaría 3 de Avellaneda; la Superintendencia General de la Policía Bonaerense, la Policía de Lanús y la Policía Científica.
La causa está a cargo del juez Martínez de Giorgi y del fiscal Di Lello. El espionaje era ilegal, porque no existía ninguna autorización judicial para hacerlo.
En realidad esto no es nuevo, porque Macri asumió la presidencia estando procesado por un caso de espionaje muy grave cuando era jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contra políticos e incluso familiares.
De la misma manera que se descubrió una red de espionaje en febrero de 2019 —que involucraba a un sector de la inteligencia del gobierno de Macri, la justicia, el periodismo, y de poderosos medios de comunicación, para armar causas falsas y perseguir a políticos, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros altos funcionarios—, que fue uno de los escándalos más fuertes al finalizar el gobierno anterior, en esos momentos también se halló una red contra jueces que eran objetados por el gobierno macrista. Ambas son causas judiciales contra el ex presidente y continúan vigentes. Es un momento clave para el país.
