El colapso de los precios mundiales del petróleo y los efectos de la pandemia han bajando los ingresos fiscales en 8 mil millones de dólares, presionando al gobierno a un recorte del gasto, que incluye reducción de la jornada laboral y del salario de funcionarios públicos, así como el cierre de algunas oficinas estatales.

Las medidas llevaron a sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales a recorrer, con carteles y consignas en contra del gobierno, las calles del centro de Quito, donde se mantiene un duro confinamiento por el creciente número de contagios y muertes por el coronavirus. Protestas similares se reportaron en Guayaquil y Portoviejo.

“Con esta ‘ley de inhumanidad’ todos los trabajadores regresan a ser peones, a ser esclavos”, aseguró a Reuters Mesías Tatamuez, presidente del sindicato Frente Unitario de Trabajadores, quien exigió al presidente que deje de pagar la deuda externa y con eso atienda la emergencia sanitaria.

A las protestas se unieron trabajadores del ferrocarril, cuya empresa, con más de 400 empleados, fue cerrada por decreto.

Las marchas de esta jornada son demostración de la alerta que lanzaron organizaciones sociales y movimientos indígenas, cuyas directivas anunciaron que se mantendrán en resistencia.

Moreno también pondrá en vigor reformas recién aprobadas por la Asamblea Nacional para modificar las condiciones de los contratos laborales, en un intento por salvar empleos, y a partir de junio regirá un sistema para fijar los precios de los combustibles, con lo que busca reducir los subsidios.

El centro histórico de Quito, donde se ubica el Palacio de Gobierno, estuvo resguardado por un fuerte cerco policial.