Mexicali, BC. El delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dio a conocer que la administración estatal solicitó una investigación sobre los permisos otorgados a empresas que han construido estaciones de gas LP en Tijuana.

Ruiz Uribe refirió el exhorto que hizo la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del gobierno de Baja California a los ayuntamientos para investigar la instalación y en su caso operación de centros de almacenamiento de gas en zonas urbanas, como Tijuana.

En esta ciudad fronteriza, la empresa gasera Blue Propane, propiedad de Jorge Alberto Elías y Marco Antonio Sánchez, construyó diez estaciones de gas doméstico en el último gobierno del Partido Acción Nacional (2016-2019) y obtuvo permisos de Uso de Suelo y Licencias de Construcción al margen del Reglamento de Edificación y de un acuerdo de cabildo de impedir la operación de estos giros comerciales, señaló.

De la noche a la mañana, explicó Ruiz Uribe, se multiplicaron las instalaciones de gaseras con permisos de operación “de dudosa procedencia”, ya que que se entregaron en los últimos días de la administración anterior, lo que dijo “es preocupante porque violentan la moratoria y la reglamentación", expresó.

Las estaciones se encuentran aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a una serie de ilícitos en la obtención de dichos permisos municipales.

Por tanto, refirió el delegado, el gobierno federal respalda la solicitud para revisar los permisos de construcción de las estaciones de gas y consideró que se deben indagar las irregularidades cometidas por ex funcionarios y salvaguardar la integridad y seguridad de sus ciudadanos.

En esencia, argumentó, esta medida tiene el objetivo de vigilar y coordinar la zonificación de uso de suelo, la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano del estado y evitar que haya quien esté por encima de las leyes.

“No podemos darnos el lujo de aceptar la instalación de bombas de tiempo y plagarnos de plantas de almacenamiento de gas con permisos otorgados al margen de la ley”, señaló.

Los gobiernos anteriores fueron omisos y cómplices de la corrupción al permitir que se instalaran almacenamientos de gas a un costado de escuelas de educación básica, iglesias y zonas habitacionales, a cambio de llenarse “los bolsillos de manera irresponsable e inhumana”, puntualizó el funcionario.