Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene en la impunidad la desaparición forzada de dos integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) suscitada hace 13 años en Oaxaca a manos de elementos militares, “será igual de responsable de ese crimen” como lo es el ex mandatario federal, Felipe Calderón Hinojosa. 

Así lo señalaron familiares y abogados de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros de ese grupo insurgente, cuyo paradero se ignora desde el 25 de mayo de 2007. 

En conferencia de prensa virtual, Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes y representante del Comité Hasta Encontrarlos, enfatizó que si bien la administración del presidente López Obrador “no participó ni ordenó la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, si lo hicieron mandos militares y policiacos que hoy están en funciones y en retiro. Y el (actual) gobierno federal sabe perfectamente quiénes fueron los perpetradores materiales e intelectuales, por lo que mantener la impunidad es un crimen que le corresponde enteramente al nuevo gobierno”. 

En el marco del 13 aniversario de ese crimen, agregó que han sido años difíciles para las familias, y que hoy, en medio de la pandemia por el Covid-19 lo es aún más debido a que esta enfermedad ha servido como pretexto para no llevar a cabo acciones de búsqueda, de acceso a la verdad y la justicia y a no atender la resulución de un tribunal colegiado que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso. 

“Nada se ha movido, desde hace décadas, para impartir justicia en materia de desaparición forzada en este país, nada se ha hecho por parte del nuevo gobierno por presentarlos con vida y hoy, en este momento, la existencia del Covid-19 ha servido como nuevo pretexto para hacer menos de lo que de por si no se hacía”, señaló Nadín Reyes al leer el comunicado de prensa del Comité que encabeza. 

Agregó que el caso pone en la mesa de debate la discusión sobre el papel del Ejército en la comisión de la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Exigió la creación de una comisión especial de búsqueda, que la SCJN atraiga el caso y que se garantice verdad, justicia y reparación del daño. 

Por su parte, el abogado Sandino Rivero, indicó que si el máximo tribual atrae el caso podría sentar precedente para que en los amparos tramitados ante casos de desaparición forzada en el país los jueces actúen en una sola línea; y también generar criterios jurisprudenciales para la reparación del daño en materia de actos de graves violaciones a derechos humanos. 

El litigante afirmó que en caso de que en las instituciones mexicanas no se garantice el acceso a la justicia por este caso, se recurrirá a instancias internacionales, en particular al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.