Monterrey. En caso de que el Congreso local apruebe este martes el llamado “pin parental”, los padres de familia de Nuevo León podrán decidir qué tipo de educación recibirán sus hijos en temas de género, sexualidad y reproducción, o, incluso, si no quieren que se les brinde.
La propuesta del pin parental fue presentada en enero por el diputado de Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, y propone reformas en la Ley de educación del estado, para que los progenitores sean informados previamente si sus hijos e hijas recibirán clases de educación sexual, reproductiva o de género y ellos tomen la decisión.
La reforma fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera que mañana sea votada en el pleno de la legislatura local, cuyo partido mayoritario es el PAN.
El Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, pionero en la lucha de los derechos de la comunidad LGBTTIQA+ en el estado, manifestó que esa modificación estigmatizará a las hijas e hijos de padres del mismo sexo.
“Esto propicia la segmentación de la educación que se impartirá a niños, niñas y adolescentes, al inculcar en ellos el parecer de los padres y de las madres, basándose en sus prejuicios de corte religioso o moral, despreciando con eso lo establecido por el texto de la actual legislación”, mencionó Mario Rodríguez Plata, vocero del movimiento.
Para Jennifer Aguayo, integrante de la organización y madre en una familia lesbomaternal, “están violentado no sólo el proceso legislativo, sino el espíritu del constituyente federal que habla de la naturaleza universal, democrática, científica y laica de la educación en nuestro país”.
Asociaciones de padres de familia y legisladores del PAN formaron un bloque a favor de la reforma.
Los senadores Víctor Fuentes, Isabel Guerra y Annia Gómez; los legisladores locales Claudia Caballero y Juan Carlos Leal, así como la Unión Neolonesa de Padres de familia, Asociación Estatal de Padres de Familia, Familias Fuertes Unidas por México y el Frente Nacional por la Familia conformaron un bloque que, aseguran “busca proteger a los menores”.
Este grupo criticó que quienes se oponen a la reforma sean legisladores que no son padres o madres de familia.
El Grupo Estatal para la prevención del embarazo adolescente informó que Nuevo León ocupa el cuarto lugar nacional en número de embarazos en menores de 20 años, de acuerdo a cifras del 2017.
Según la encuesta sobre Discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), realizada en 2018, seis de cada 10 personas de la comunidad LGBTTIQA+ sufrieron algún tipo de exclusión durante el 2017.
