Mexicali, BC. Agricultores del Valle de Guadalupe presentaron una denuncia por fraude genérico a los responsables de las obras de remodelación de la Unidades Deportivas que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Tijuana.

A esta demanda ante el Sistema de Justicia Alternativa de Baja California, se le sumó otra, por amenazas de muerte, en contra de los agricultores.

La acción legal, calificada por los productores como fraudulenta, y las amenazas denunciadas, incluye a funcionarios del gobierno federal y representantes de las empresas Apple Salinas y Grupo Promotor de Vivienda para México.

A finales de abril, le solicitaron al Vivero Valle de Guadalupe una primera compra de 200 metros cuadrados de pasto tipo San Agustín, y una segunda, el 3 de mayo, de 120 árboles de fresno, pino de seda y acacias, así como plantas de ornato.

Sin embargo, el pago no se concretó pues dijeron tener problemas con transferencias bancarias por lo que entregaron dos cheques que fueron rechazados por el banco, toda vez que las firmas de la cuenta no coincidían con la de los documentos.

Se trata de las obras realizadas en la Unidad Deportiva El Mirador que, junto con las de la Unidad de la colonia Gran Tenochtitlán, cuenta con una inversión federal de 25 millones de pesos.

Ante la falta de pago, los agricultores acudieron a la unidad deportiva pero les impidieron el acceso. Al día siguiente, hablaron con una persona de nombre Armando Manzanares, encargado de la obra, para solicitarle el pago pero les señaló que "la gente de Tijuana es muy transa" y cuando logró comunicarse a las oficinas de Supervisión de Obras en la península de Baja California y noroeste de México de Sedatu en la Ciudad de México, les respondió que el funcionario Moisés Molina le indicó que les diera un "apoyo de 20 mil pesos, y si no pues que le hagan como quieran".

Además los propietarios del Vivero Valle de Guadalupe señalan que les advirtieron que "no éramos los únicos proveedores que resentían este tipo de problemas, que esto era un problema general que estaba sucediendo".

De acuerdo a la denuncia 0201/2020/06232 de la Unidad de Investigación Francisco Zarco de la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasto y los árboles tienen un precio de 55 mil pesos.

Ante la insistencia del pago por el servicio, los agricultores comenzaron a recibir amenazas de muerte pues supuestamente están vinculados con un grupo del crimen organizado "van a ver lo que le pasa a tu familia".