Domingo 24 de mayo de 2020. En diversos países del continente –incluido México–, los trabajadores de la salud que atienden a pacientes de Covid-19 laboran en condiciones de gran precariedad, con material insuficiente y en un clima de amenazas y agresiones por parte de las autoridades y la ciudadanía, advirtieron los participantes en un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI).

Al moderar el encuentro, realizado la noche del pasado viernes, Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, señaló que durante la pandemia uno de los temas más urgentes es la protección del personal sanitario, integrado por más de 9 millones de personas en todo el continente, buena parte de las cuales trabaja sin estabilidad laboral y en medio de diversas formas de discriminación.

La activista resaltó que hay tres preocupaciones principales con respecto a los trabajadores de la salud en el contexto del Covid-19: se desempeñan en condiciones precarias e inseguras, sus empleadores restringen su libertad de expresión cuando tratan de quejarse de los abusos que padecen, y además enfrentan ataques por parte de algunas personas, sin que las autoridades les brinden medidas de protección.

Sandra Peniche, fundadora y directora de la organización civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva –con sede en Yucatán–, indicó que una de las consecuencias de la pandemia es que prácticamente todos los recursos se han ido a la lucha contra el coronavirus, lo que ha marginado la atención a otras dolencias o necesidades.

De igual forma, señaló que las organizaciones civiles como la que ella dirige tienen muchas dificultades para hacerse de material sanitario básico, como mascarillas N-95, además de que han sufrido acoso de las autoridades, como lo demuestra el intento de la policía estatal de cerrar la sede del colectivo y detener a sus responsables y usuarios, ocurrido el 24 de abril pasado.

Asimismo, lamentó que muchos funcionarios o empresas han lucrado con el dolor y la muerte al subir el costo de las medicinas o los servicios de inhumación, además de despedir de forma injustificada a sus empleados o restringir sus garantías laborales básicas.

Por su parte, los médicos Samuel Santos, de Honduras, y Rubén Molinas, de Paraguay, coincidieron en que en sus respectivas naciones el personal sanitario trabaja mayormente sin contar con los recursos clínicos necesarios, y en medio de actos de intimidación para que no denuncien los abusos en su contra.