A partir de lo que se conoció ayer se profundizaron en Brasil nuevas grietas institucionales de dimensiones imprevisibles.

El mismo día, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, emitió una nota oficial criticando duramente la decisión del magistrado Celso de Mello de enviar a la Fiscalía General de la República un pedido para incautar el celular de Jair Bolsonaro y el de su hijo Carlos como parte de investigaciones que involucran al clan presidencial.

Acorde a lo que determina la legislación, es responsabilidad precisamente del fiscal general de la República atender o no al pedido, y Mello no hizo otra cosa que cumplir con su obligación.

La nota extemporánea de Heleno, conocido por sus posiciones extremamente reaccionarias, dice que pedir la entrega del celular de Bolsonaro podrá tener consecuencias imprevisibles para el equilibrio institucional. Bolsonaro, por su parte, adelantó que no entregará su celular bajo ninguna circunstancia.

Si en el campo jurídico áun no está claro cuáles serán las consecuencias de lo que se reveló ayer, en términos institucionales es un desastre.

El centro del interés jurídico está en la denuncia de Sergio Moro, el juez que condenó a Lula da Silva sin pruebas y así abrió camino para la elección del ultraderechista Bolsonaro, quien lo compensó con el Ministerio de Justicia.

Al renunciar de manera estrepitosa dos días después de la reunión, Moro acusó a Bolsonaro de pretender intervenir en la Policía Federal en Río de Janeiro para impedir que se profundizaran las investigaciones que podrían involucrar a sus hijos y a personas cercanas a la familia presidencial. Y eso ahora se confirmó, al menos de manera indirecta.

Al quejarse duramente de la falta de información de los órganos de seguridad, el ultraderechista confesó que confía solamente en las informaciones que le son transmitidas por su sistema particular. Admitió, así, que viola la legislación, que prohíbe a los presidentes armar esquemas de inteligencia paralelos.

En términos institucionales tres puntos llaman la atención para lo que vendrá de aquí en adelante.

Bolsonaro se refirió al gobernador de São Paulo, el derechista João Doria (quien lo respaldó en las presidenciales de 2018), como una bosta. Al de Río, Wilson Witzel, igualmente derechista y ex aliado, lo llamó estiércol. No es difícil prever cuáles serán a partir de ahora las relaciones entre el presidente y los gobernadores de los estados más ricos y poblados del país.

Otro punto que seguramente abrirá nuevas denuncias contra Bolsonaro en la Corte Suprema, fue el énfasis con que defendió su política armamentista. Con el argumento del derecho a la defensa personal, advirtió que cualquier ciudadano puede salir de casa armado para romper medidas de aislamiento determinadas por alcaldes y gobernadores. Si está armado podrá defenderse de quien pretenda esposarlo para impedir que ejerza su derecho de ir y venir, dijo.

De manera indirecta, dejó clara su pretensión de armar a sus seguidores para defender su gobierno frente a cualquier intento de injerencia. El presidente hace un mes abrió espacio para atacar las iniciativas tanto de la Corte Suprema como del Congreso para bloquear o impedir algunas de sus iniciativas consideradas anticonstitucionales.

Brasil supo de todo eso el mismo día en que se transformó en el segundo país con más infectados por el coronavirus en todo el mundo con casi 331 mil personas.