Guadalajara, Jal. Netzahualcóyotl Ibarra Ramos, de 45 años, fue el octavo interno del penal de sentenciados de Puente Grande que falleció tras el presunto enfrentamiento entre reos el viernes, en el que resultaron otras ocho personas lesionadas en una presunta riña entre reos por el control del autogobierno que rige al interior de la prisión estatal.

Ibarra, un ex judicial de la Ciudad de México conocido como El Coyote, detenido hace once años en Tlajomulco cuando cuidaba a un ciudadano belga secuestrado, es señalado como líder del autogobierno que imponía todo tipo de condiciones y cuotas al interior del penal y al parecer el ataque fue dirigido en su contra, lo que desató la gresca.

En la riña se emplearon al menos dos armas de fuego, incluida una conocida como “matapolicías” por su capacidad de penetrar chalecos blindados, además que se decomisó un “artefacto explosivo de fabricación casera”, armas todas cuya presencia al interior del penal no ha sido aún explicada por las autoridades.

El Coyote murió cuando era atendido en un hospital particular la misma noche del viernes, herido de al menos cuatro disparos y golpes contundentes en la cabeza.

Otros de los fallecidos son Luis López Bautista, Eugenio Angulo Sandoval e Ismael Jiménez Lucas. Y entre los ocho lesionados está Roberto Carlos Magdiel García Carbajal, autor material del asesinato de Heidi Jurado en 2009 contratado por el marido de la víctima, Eugenio Ladra Moreno, también preso en Puente Grande.

Se informó que once internos se encuentran bajo investigación por su probable responsabilidad en lo ocurrido, además que también se indaga cómo fueron introducidas las armas de fuego y el artefacto explosivo.

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se apersonó en Puente Grande y permanecía este sábado en el penal, vigilando que se atienda a las víctimas y se garanticen los derechos humanos de ellos y sus familiares.

La defensoría abrió el acta de investigación 190/2020/IV y se dictaron medidas cautelares dirigidas al secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco, y al director general de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, entre ellas el reforzamiento de la vigilancia para garantizar la seguridad, brindar atención médica a los lesionados e informar a los familiares de internos y mantenerlos en contacto.

Hasta el momento la CEDHJ ha iniciado 113 actas de investigación correspondientes a cada una de las personas privadas de su libertad con las que la defensoría se ha entrevistado, además de abrir la señalada queja oficiosa por las personas que fallecieron en los hechos.

El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, reiteró a las autoridades la solicitud de que se agilicen los trámites para concretar los beneficios de libertad anticipada, preliberaciones o sustituciones por reclusión domiciliaria a quienes tengan ese derecho, y las acciones procedentes para despresurizar los reclusorios, debido también al creciente número de internos contagiados por Covid-19.