Río de Janeiro. Brasil vivió ayer una avalancha de tensiones. Autorizada por Celso de Mello, el más antiguo integrante del Supremo Tribunal Federal, la divulgación del registro en video de la reunión ministerial del pasado 22 de abril expuso manifestaciones del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro que sacudieron al ya muy tumultuado gobierno.

A partir de lo que se conoció ayer se profundizaron en Brasil nuevas grietas institucionales de dimensiones imprevisibles.

El mismo día, el ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general reformado Augusto Heleno, emitió una nota oficial criticando duramente la decisión del magistrado Celso de Mello de encaminar a la fiscalía general de la República un pedido de aprehensión del celular del presidente y el de su hijo Carlos. Sería parte de investigaciones que involucran al clan presidencial.

Acorde a lo que determina la legislación, es responsabilidad precisamente del fiscal general de la República atender o no al pedido, y Mello no hizo otra cosa que cumplir con su obligación.

La nota extemporánea de Heleno, conocido por sus posiciones extremamente reaccionarias, dice que pedir la entrega del celular de Bolsonaro podrá provocar ‘consecuencias imprevisibles para el equilibrio institucional’. Bolsonaro, por su vez, adelantó que no entregará su celular bajo ninguna circunstancia.

Si en el campo jurídico no está claro cuáles serán las consecuencias de lo que se reveló ayer, en términos institucionales es puro desastre.

El centro de interés jurídico está en denuncia de Sergio Moro, el ex juez que condenó Lula da Silva sin pruebas, abriendo camino para la elección del ultraderechista, que lo compensó con el ministerio de Justicia.

Al renunciar de manera estrepitosa dos días después de la reunión, Moro acusó a Bolsonaro de pretender intervenir en la Policía Federal en Río de Janeiro para impedir que se profundizaran las investigaciones que podrían involucrar a sus hijos y a personas cercanas a la familia presidencial. Y eso ahora se confirmó, al menos de manera indirecta.

Al quejarse duramente de la falta de información de parte de los órganos de seguridad, el ultraderechista confesó que confía solamente en las informaciones que le son transmitidas por su “sistema particular”. Admitió, así, que viola la legislación: es vedado a los presidentes armar esquemas de inteligencia paralelos al oficial.

En términos institucionales, tres puntos merecen atención para lo que vendrá de aquí en adelante.

Bolsonaro se refirió al gobernador de San Pablo, el derechista João Doria (que lo respaldó en las presidenciales de 2018), como “una bosta”. Al de Río, Wilson Witzel, igualmente derechista y ex aliado, lo llamó “estiércol”. No es difícil prever cuáles serán a partir de ahora las relaciones entre el presidente y los gobernadores de los estados más ricos y poblados del país.

Otro punto que seguramente abrirá nuevas denuncias contra Bolsonaro en la Corte Suprema, fue el énfasis con que defendió su política armamentista. Bajo el argumento del derecho a la defensa personal, advirtió que cualquier ciudadano puede salir de casa armado para romper medidas de aislamiento determinado por alcaldes y gobernadores. “Si está armado podrá defenderse de quien pretenda esposarlo para impedir que ejerza su derecho de ir y venir”, dijo.

De manera indirecta, dejó clara su pretensión de armar a sus seguidores para defender su gobierno frente a cualquier intento de injerencia. La frase de hace un mes abrió espacio para subentender que se refería a las iniciativas tanto de la corte suprema como del Congreso para bloquear o impedir algunas de sus iniciativas consideradas anticonstitucionales.

Brasil supo de todo eso el mismo día en que se transformó en el segundo país con más infectados por el coronavirus en todo el mundo: casi 331 mil personas.