Derivado de un amparo promovido por diversas organizaciones, un juez de Chihuahua ordenó medidas cautelares para proteger la salud de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos ante la pandemia de Covid-19. Entre ellas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador destine recursos federales para la atención y protección de esta población.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos Integrales en Acción y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), explicaron que el juez Arturo Alberto González Ferreiro, del Segundo Distrito del estado, resolvió una suspensión en beneficio de la población migrante y sujeta de protección internacional como resultado de un amparo promovido (570/2020) el 12 de mayo.
Destacaron que en la resolución, de la cual La Jornada tiene copia, se ordena al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otras autoridades, que dicten medidas y emitan protocolos que beneficien los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y sujetas de protección internacional en México. Precisaron que aunque el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no fue demandado en el juicio, el juez consideró necesario requerirle información.
La organizaciones destacaron que se establecen tres medidas cautelares centrales: al Presidente destinar recursos federales para la atención y protección de las personas migrantes ante la crisis sanitaria por coronavirus; al Consejo de Salubridad General y otras autoridades, emitir protocolos para la internación de personas expulsadas desde Estados Unidos y dictar medidas generales en beneficio de la población migrante a fin de contener el contagio del Covid-19 en Chihuahua.
Y al Consejo Estatal de Población en Chihuahua así como al gobernador Javier Corral identificar a las personas con necesidades de protección internacional que se encuentran en esa demarcación con el fin de contar con datos desagregados por nacionalidad, edad y sexo.
En el juicio de amparo también han sido demandados las secretarías de Gobernación, su subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la de Salud y de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Salud de Baja California, en su calidad de vocal del Consejo de Salubridad General de México y representante de la región noroeste.
“Esta decisión llama a una coordinación entre el gobierno federal y estatal con el fin de establecer acciones concertadas que protejan la salud de la población migrante, solicitante de asilo y sujeta de protección internacional, así como de la población chihuahuense, quienes son receptoras de los retornos impuestos por el gobierno estadounidense y avalados por el gobierno mexicano”, señalaron las organizaciones.
Indicaron que el gobierno de México “tiene que darse cuenta que al acceder a las expulsiones que está haciendo Estados Unidos, viola los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que recibe de ese país, y es su responsabilidad brindarles protección”, acceso a un debido proceso y a la salud, así como una estancia por razones humanitarias en el marco de la crisis sanitaria por Covid-19.
Precisaron que esta resolución, que se dieron a conocer los pasados 13 y 18 de mayo, se suma a las que ya han emitido jueces de Baja California y la Ciudad de México dirigidas a proteger la salud de la población migrante en el país, independientemente de su estatus migratorio.
