Ciudad de México. La pérdida de empleo provocado por la emergencia sanitaria del Covid-19 en el país impulsó al crimen organizado a ofrecer “mejores condiciones laborales” para engrosar sus filas, señaló Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP). 

Reiteró que la violencia no se ha detenido a pesar del confinamiento sanitario ya que el incremento en llamadas de extorsión y los fraudes telefónicos aumentaron de 18 a 26 por ciento en lo que va del año, siendo los estados de Campeche, Ciudad de México y el estado de México los más afectados, según un sondeo realizado por el CNSP. 

"Todo esto sugiere que el crimen organizado está reclutando gente para aumentar sus actividades delictivas, aprovechando que la mayoría de la población tenga que permanecer en sus hogares, por eso, es muy importante que los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal realicen un trabajo articulado y trabajen de manera coordinada para la realización de pruebas rápidas de detección de Covid-19, así como en la generación de las condiciones necesarias para que los empresarios puedan llevar a cabo los procesos y procedimientos de reactivación económica que requiere el país". 

El  presidente del CNSP indicó que el homicidio también se incrementó en el periodo de enero a marzo de 2020, sobre todo en el estado de Yucatán, con un 22 por ciento, comparado con el mismo periodo del año anterior. Quintana Roo registró 64 homicidios en 2020 contra 54 en 2019. 

En el robo de vehículos, añadió que los estados que encabezan la lista son Jalisco, estado de México, CDMX, Guanajuato y Puebla. En robo de unidades de equipo pesado, los más afectados son Jalisco, estado de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz. 

En el tema de feminicidio, recordó que entre enero y marzo se registraron 244 mujeres asesinadas, lo que representó un aumento de 1.6 por ciento respecto al mismo periodo del 2019, de acuerdo con la estadística presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Para Raúl Sapién Santos existe un problema con las cifras, ya que cada estado, al tener su propio código penal, cambia este delito y se sanciona de manera diferente, “esta es una aberración ya que la vida de una mujer vale menos o más dependiendo del estado en que se encuentre”. 

Agregó que para combatir la violencia intrafamiliar que se relaciona también con el feminicidio, escuelas y las autoridades no deben ser tan reactivas. “En las escuelas se ha olvidado la educación cívica. Se debe buscar un tema de la cultura de la legalidad, de lo que es correcto e incorrecto; y sobre todo, difundir el que no se genere violencia hacia las mujeres, desde el nicho familiar. Los gobiernos estatales podrían generar, a través de las plataformas digitales, asesoría cuando esto se presente e incluso, llevar a cabo a través de algunas áreas de apoyo sicológico a las personas que sean víctimas o que estén ejerciendo algún tipo de violencia”.