Ciudad de México. Un juez federal administrativo con sede en Ciudad de México, ordenó a las autoridades sanitarias  del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 de Puente Grande, Jalisco, le practiquen la prueba del coronavirus a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, fundador de Los Zetas para descartar que padezca cualquier sintomatología.

Desde la semana pasada en este penal se ha detectado al menos 90 casos confirmados de reos con síntomas del Sars Cov-2, entre ellos Israel Vallarta, coacusado por secuestro junto con Florence Cassez en 2005, quien dio positivo de Covid-19 y se encuentra internado en un hospital de la región donde se recibe oxígeno “sin necesidad de ser intubado”.

La juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, le concedió una suspensión de plano  al líder del grupo integrado por ex militares al servicio del Cártel del Golfo, para que le brinden atención médica de manera periódica y así evitar el contagio del Covid-19. Señaló que en caso de presentar padecimientos claros relacionados a la sintomatología del virus, se practiquen las pruebas médicas necesarias al interno y prevenir contagio en la población penitenciaria, así como salvaguardar la salud pública de los centros carcelarios, en contexto con lo que establece la Ley de Nacional de Ejecución Penal.

“De resultar positivo, se le proporcione y garantice la atención médica y medicamentos que llegare a necesitar. Implementar estrategias eficaces del control del virus como la comunicación con el exterior, permitiéndose las comunicaciones del quejoso a través de vías electrónicas u otro medio idóneo (con cualquiera de sus familiares y/o defensor), evitándose el contacto físico; así mismo, adopte medidas como la higiene de manos, proporcionar gel antibacterial en aéreas comunes, agua y jabón, proporcionar cubrebocas, mantener las áreas limpias y otras medidas que sean congruentes con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud”, comenta la resolución.

La impartidora de justicia dijo que en caso de que los responsables de no hacerlo, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión”.

En julio de 2018, ex líder del grupo criminal Los Zetas  fue reubicado en el penal de Puente Grande, Jalisco, como parte de los protocolos de seguridad con internos que están catalogados como violentos y de alta peligrosidad.