Durante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, las agresiones contra periodistas no han cesado en México, e incluso en algunos casos se han incrementado, debido a la labor informativa que realizan los comunicadores sobre los diversos aspectos de la enfermedad, lo cual debilita la democracia del país y el derecho de las personas a saber, alertaron los participantes en un foro virtual sobre el tema.

Durante la segunda sesión del seminario digital “Pandemia, democracia y derechos humanos: proteger la libertad de expresión e informar en tiempos de pandemia”, diversos funcionarios, académicos y periodistas resaltaron las condiciones adversas que enfrentan los reporteros para hacer su trabajo, ya sea por la precariedad en la que de por sí laboran o por la presión y amenazas de diversos sectores.

Jorge Ruiz, director del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, señaló que desde el inicio de la emergencia sanitaria, dicho organismo ha identificado que al menos 44 comunicadores  han sido amenazados o agredidos.

Asimismo, dijo que en lo que va de 2020 ha habido 193 casos de ataques contra periodistas y defensores, y aunque esa cifra representa una baja de 38 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, en ese entonces el país no estaba semi-paralizado como hoy.

“La violencia generalizada en algunas zonas del país contra los periodistas no paró […] en regiones que son focos rojos, la violencia contra periodistas sigue prevaleciendo y no permitió echar mano de una serie de acciones” para proteger a ese gremio, lamentó Ruiz, quien señaló que el Mecanismo está en un proceso de “reconfiguración”.

Por su parte, Adriana Ramírez, responsable del programa de libertad de expresión y género del colectivo Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), apuntó que desde la declaratoria de la fase uno de la emergencia sanitaria existen al menos 54 casos de agresiones contra periodistas (24 hombres, 22 mujeres y 8 instalaciones de medios informativos). En ese mismo periodo, fueron asesinados los periodistas María Elena Ferral y Jorge Armenta.

De acuerdo con la especialista, los atentados contra periodistas en tiempos de pandemia se suman a diversas formas de violencia estructural contra los comunicadores, entre ellos la precariedad laboral que muchos de ellos sufren, el acoso, las amenazas, el robo de material, las campañas de desprestigio y la impunidad en que suelen quedar los ataques en su contra, muchos de los cuales son cometidos por servidores públicos.

Por lo anterior, llamó a que se diseñen y apliquen mecanismos de protección con enfoque de derechos humanos, de género y de interseccionalidad, en el que participen diversos organismos gubernamentales o autónomos para proteger a los periodistas, investigar las agresiones en su contra y reconocer públicamente su labor.

Edison Lanza, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión, alertó que “la crisis de violencia contra los periodistas en México no ha sido desactivada”, como lo demuestra el reciente asesinato de Jorge Armenta.

En ese contexto, señaló que aunque en México “nunca fue fácil el vínculo entre autoridades y periodistas”, es necesario que el país dé pasos hacia la “madurez” en esta relación, lo que implica regular el discurso oficial ante los medios, así como el uso de publicidad oficial.

Como ejemplos del panorama complejo que enfrenta hoy la prensa en México, Lanza mencionó las amenazas contra el diario Reforma, las críticas presidenciales hacia la revista Proceso y la polémica en que está envuelta la agencia de noticias Notimex, además de los ataques en contra de la periodista Carmen Aristegui por visibilizar este tema.

Jesús Cantú, titular de la Unidad de Información de la coordinación general de comunicación social de Presidencia, destacó el papel de los medios informativos y subrayó que “no puede haber democracia sin libertad de expresión”, al tiempo que admitió que las épocas de crisis también agudizan los riesgos para los periodistas.

En estos momentos, admitió, “es cuando las autoridades se vuelven más sensibles a las críticas y exposiciones de la realidad que los periodistas están observando y constatando y deben revelar, y esto también los hace vulnerables”.

En ese marco, admitió que puede haber discrepancias o retrasos en el registro de la cantidad de personas fallecidas por Covid-19, pero descartó que ello se deba a un propósito de “ocultar” información de forma deliberada.

Francisco Javier Acuña Llamas, consejero presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), alertó que uno de los principales riesgos de la pandemia es que se le utilice como pretexto para silenciar a los periodistas, al tiempo que subrayó que las autoridades deben aceptar las críticas por su manejo de la emergencia sanitaria y hablar con la verdad.

“El derecho a la información no perturba, aunque la información sea negativa. Por eso no se debe negar lo evidente ni maquillar información. No ayuda a nadie que se diga ‘son tales y cuales cifras’ […] Urge que el gobierno diga la verdad ante las circunstancias que sean; es preferible que todos conozcamos los números, la ruta sanitaria y si ha habido errores o momentos de perturbación en el manejo de la información. Que se diga lo que se ha hecho bien o mal”, recalcó.