Ciudad de México. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) advirtió que muchos de los países del continente americano –incluido México-- no protegen de forma adecuada los derechos del personal sanitario que atienden a los pacientes contagiados de Covid-19, lo que pone en riesgo al personal que lucha contra la pandemia.

A través de un comunicado, AI anunció que en su informe sobre “la deplorable situación del personal sanitario en las Américas”, en el cual insta a los países de la región a “conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y después de ésta”, además de llamar a Estados Unidos a que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el estudio titulado “El costo de curar: Los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el Covid-19 y más allá”, el colectivo documentó cómo quienes se enfrentan en primera línea a la pandemia “trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación, mientras que en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos”.

El informe pide también a los gobiernos que garanticen unas condiciones de trabajo seguras para las personas que trabajan en el área de limpieza y otro personal de apoyo que está en situación de riesgo debido a su trabajo en instalaciones de atención de la salud y residencias de personas mayores.

“En estos tiempos difíciles, tenemos una inmensa deuda de gratitud con el personal de limpieza de hospitales y residencias de personas mayores, personal médico y de enfermería, auxiliares de enfermería, personal subalterno de hospitales y especialistas en epidemiología por su incansable trabajo para mantenernos seguros. Pero no basta con darles las gracias. Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que no se vuelven a poner en un riesgo tan horrendo sus derechos básicos y su seguridad”, subrayó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

La experta señaló que “en las Américas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados. Mientras Latinoamérica sufre sus semanas más mortíferas, es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se ve menoscabada en este momento decisivo.

“Esta pandemia no conoce fronteras, y Estados Unidos debe apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliega donde más se necesita.”

De 21 entrevistas en profundidad realizadas por AI con profesionales sanitarios en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay, sólo en dos casos dijeron a la organización de derechos humanos que consideraban que tenían equipos de protección personal (EPP) adecuados o casi adecuados.

El resto plantearon motivos de preocupación relativos a la falta de EPP adecuados, así como inquietudes relativas a bajas por enfermedad, periodos de descanso y apoyo de salud mental inadecuado en el trabajo.

Las directrices de la OMS sobre uso racional de los EPP establecen que el personal de limpieza y mantenimiento deben tener más EPP que muchos otros miembros del personal hospitalario, incluido el personal médico y de enfermería que pueden no tener contacto con pacientes del COVID-19.

Sin embargo, Amnistía Internacional observó que a menudo el personal de limpieza está mal pagado, recibe prestaciones de seguridad social precarias, y en algunos casos trabaja para empresas que no garantizan el uso de EPP adecuados.

Un limpiador de 70 años que ganaba poco más de 5 dólares de Estados Unidos al día trabajando para una empresa privada en un hospital estatal de Ciudad de México dijo a Amnistía Internacional que, cuando preguntó si podía dejar de limpiar las zonas donde están ingresados decenas de pacientes del COVID-19, ya que no tenía EPP alguno y corría un riesgo especial debido a su edad, su empleador accedió, pero le redujo el salario en 16 por ciento.

Por otro lado, numerosos profesionales de la salud expresaron su temor a sufrir represalias por denunciar condiciones de trabajo inseguras, y algunos de quienes hablaron con Amnistía Internacional habían sido despedidos de su empleo por denunciar irregularidades o habían sido objeto de procedimientos disciplinarios en el trabajo.

“Es imposible proteger la salud de más de mil millones de personas que viven en las Américas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes denuncian irregularidades, periodistas y profesionales de la salud que alzan su voz con valentía para denunciar condiciones de trabajo inseguras y exigen con justicia una respuesta adecuada y responsable a la pandemia”, añadió Guevara.

De acuerdo con AI, los profesionales de la salud han sufrido también estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso del transporte público en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia.

“Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan las personas que trabajan en el área de la salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas”, lamentó la organización.