Quito. Decenas de trabajadores salieron este lunes a las calles en Ecuador, desafiando las medidas de confinamiento por el coronavirus, para rechazar reformas laborales propuestas por el gobierno que flexibilizan las condiciones económicas de los contratos de trabajo.
El presidente, Lenín Moreno, propuso los cambios como parte de una ley que fue aprobada por los legisladores el viernes, en un intento por "salvar" empleos en el país, que enfrenta los duros efectos económicos de la pandemia y la caída del precio del petróleo.
Los trabajadores, usando tapabocas y tratando de mantener un distanciamiento, recorrieron las calles de la capital Quito, en donde los casos de contagios están aumentando, con banderas y carteles condenando las reformas, que tendrán que ser ratificadas por Moreno para su entrada en vigencia.
"Es un atraco nacional lo que hizo el gobierno insolente. Están acabando con los derechos de los trabajadores (...). El pueblo está con ira, al pueblo el castigo, al pueblo toda la pobreza", dijo Mesías Tatamuez, líder del mayor sindicato del país.
Estudiantes y empleados universitarios también se unieron a la protesta, tras la decisión de la administración de Lenín Moreno de aplicar recortes a los presupuestos de las entidades académicas, en un intento por reducir sus gastos en medio de la emergencia sanitaria.
Ecuador registra 33 mil 582 contagios y dos mil 799 muertos por el coronavirus, por lo que ha tenido que aumentar el presupuesto en salud y otras áreas para hacer frente al brote.
En otras ciudades también se registraron reclamos de los sindicatos.
Las reformas permiten que trabajadores y empleadores puedan llegar a acuerdos mutuos para modificar las condiciones económicas, reducir las jornadas laborales y crear contratos temporales de emergencia.
"Es una ley que nos va a permitir que los ecuatorianos construyamos acuerdos para salir adelante", explicó el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.
"Empleador y empleado pueden llegar a un acuerdo para bajar el número de desempleos", dijo.
El gobierno proyecta que unas 500 mil personas se quedarían sin empleo en medio de la emergencia sanitaria. En tanto, industrias han advertido que sus problemas de liquidez impiden sostener por más tiempo a su planta de empleados y muchas de ellas han comenzado con despidos por "fuerza mayor".