La empresa gasera Blue Propane, que ha emprendido una batalla jurídica y legal para romper el monopolio del gas en Baja California, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por violentar el debido proceso y el principio de inocencia.

“La Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General de Justicia de Baja California, dirigida por el C. Arturo Robles Tovar, está siendo utilizada para amedrentar a los arrendadores con los que Blue Propane mantiene una relación contractual, amenazándolos con que podrían perder sus propiedades debido a las “conductas delictivas” que, aún sin demostrarse, la autoridad ministerial asegura que incurrió la empresa Blue Propane”, afirmó Marco Antonio Téllez Sagrestano, vocero y representante legal de la empresa.

Blue Propane señala que la FGJE ha emitido varios citatorios a sus arrendadores, donde vulnera su principio de inocencia, con los cuales se busca amedrentar a sus arrendadores comerciales para persuadirlos de terminar el contrato con la empresa, llevando el ejercicio de la justicia a niveles de “terrorismo judicial”.

“De manera irresponsable y dolosa, la Fiscalía asegura que Blue Propane “obtuvo diversas autorizaciones de manera ilegal”, hecho falso que pone en evidencia la parcialidad de la autoridad y muestra su desapego la obligación de actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución”, enfatizó el abogado.

Además, el vocero de Blue Propane cuestionó que la FGJE emita citatorios a los socios de la empresa en medio de la pandemia por COVID 19, poniéndolos en grave riesgo de contagio al tener que trasladarse a la ciudad de Tijuana, una de las tres con mayor número de contagios en todo el país.

“El 13 de mayo pasado, fecha en que de acuerdo con las autoridades sanitarias estamos en el pico de la pandemia, la Fiscalía citó a los socios de la empresa ante la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales para que rindan su declaración en calidad de testigo, circunstancia que es extraña y errónea pues los socios y dueños de la empresa están señalados por el denunciante como imputados, razón por la cual no pueden ser testigos en la misma”, explicó el abogado.

Lo anterior, puntualizó Téllez Sagrestano, “se percibe como una estrategia de terrorismo judicial carente de ética por parte de la Fiscalía, quien de manera dolosa giró dichos citatorios para efectos de obtener una confesión y tratar de incriminarlos y exhibirlos ante la opinión pública”.

El vocero de Blue Propane aclaró que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no contempla la confesión del imputado, por lo que al citar a estas personas en carácter de testigo, la Fiscalía busca engañar a la justicia para corromper el proceso y vulnerar el derecho de los empresarios a la no autoincriminación, el cual prohíbe que la autoridad obtenga evidencia auto incriminatoria producida por el propio inculpado a través de la coacción o engaño.

“Esta prueba ilícita que pretende recabar la Fiscalía no admite convalidación, además la exclusión de la misma alcanza no solo a la prueba que se pretende obtener directamente con vulneración de un derecho fundamental, si no también afecta las posteriores pruebas cuya obtención derivan de las consideradas como ilícitas. Lo que la fiscalía pretende es obtener información para poderla usar en juicio en contra de los imputados y de la empresa que represento, lo que se acredita que dicha prueba es ilícita”, puntualizó Téllez Sagrestano.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos aceptó la queja presentada por la empresa y se formalizó con el folio 378/2020, por lo que está obligada a investigar la denuncia de abuso de autoridad que señala la víctima.