Las remesas que sostienen a millones de hogares en América Latina y el Caribe se derrumban porque sus familiares pierden empleos e ingresos en los países de acogida, y el conjunto familiar retrocede hacia la pobreza, al superponerse la crisis de salud por la covid-19 y la recesión económica mundial.
La región recibirá este año al menos unos 77 500 millones de dólares en remesas, 19,3 por ciento menos de los 96 000 millones que recibió en 2019, según proyecciones provisionales del Banco Mundial.
El daño “se puede entender desde al ángulo del consumo. Seis millones de hogares, de los 30 millones que reciben remesas, no las tendrán este año, y otros ocho millones perderán al menos un mes de ese ingreso”, dijo a IPS desde Washington el experto Manuel Orozco.
Una remesa promedio en la región es de 212 dólares al mes, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las remesas “representan 50 por ciento del ingreso total de los hogares que reciben dinero de sus familiares, y aumentan la capacidad de ahorro por encima de la población promedio en más del doble”, indicó Orozco, quien conduce el programa de migración, remesas y desarrollo en la organización Diálogo Interamericano.
La caída proyectada, “la más abrupta de la historia reciente, se debe en gran parte al desplome de los salarios y el empleo de los trabajadores migrantes, más vulnerables durante las crisis en los países que los albergan”, asentó un informe del Banco Mundial.
La afectación se origina en el cierre de segmentos enteros de actividad económica para tratar de contener al nuevo coronavirus, privando a los migrantes de sus fuentes de empleo e ingresos, lo que hunde su capacidad de remitir dinero a sus familias.
Es un fenómeno mundial, pues en el conjunto de países de ingresos bajos y medios las remesas caerían al menos en 19,7 por ciento hasta situarse en 445 000 millones de dólares: 23 por ciento en África subsahariana, 22 por ciento en Asia meridional, 19,6 por ciento en Medio Oriente y Norte de África, y 13 por ciento en Asia oriental y el Pacífico.
Las remesas “son una fuente de ingresos vital para los países en desarrollo”, recordó el 22 de abril David Malpass, presidente el Banco Mundial, quien destacó su papel en aliviar la pobreza, mejorar la nutrición, elevar el gasto en educación y reducir el trabajo infantil en hogares desfavorecidos.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), inscribió la caída de las remesas entre las causas que deprimirán la economía de la región a un nivel sin precedentes, -5,3 por ciento, con riesgo de que la pobreza trepe de 186 a 214 millones de sus habitantes, nada menos que 33 por ciento de su población total.
Angustia que viene del norte
Países muy afectados serán los de América Central y Haití, según Bárcena. Las remesas constituyen entre 30 y 39 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Haití, y el año pasado representaron 21,8 por ciento en el PIB de Honduras, 21,2 por ciento en el de El Salvador y 13,8 por ciento en el de Guatemala.
“Estamos hablando de Estados frágiles, con sistemas de salud colapsados, gobiernos débiles o corruptos, y con presupuestos que ya eran insuficientes para atender a las necesidades de la gente y están peor ahora”, dijo a IPS Victoria Gass, de la división americana de la coalición contra la pobreza Oxfam desde Nueva York.
Orozco destacó que se afectará la capacidad de consumo de 20 por ciento de los centroamericanos, que se verán forzados a disponer de sus ahorros, en promedio un trimestre de remesas, para gastos inmediatos, como comprar alimentos y medicinas.
En El Salvador, por ejemplo, Gabriela Pleitez, 35 años, residente en la capital, ya dejó de percibir los 200 dólares mensuales que le enviaban entre su madre, asistente dental, y su hermano, taxista, residenciados en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y súbitamente desempleados.
Gabriela completaba los 400 dólares que necesitaba para vivir con ingresos ocasionales como agente inmobiliaria o vendiendo ropa y productos de belleza. Ahora procura algo de dinero como ayudante en un puesto de comidas típicas.
“Ya no compro pan, como menos, si uno consigue 10 dólares debe pensar bien en qué gastarlos, si no pago el agua me la cortan, el dueño de la casa no me cobrará alquiler por tres meses, según decreto del gobierno, pero después querrá que me marche”, relató a IPS.
Otra salvadoreña, Rosa Ramírez, 56 años, madre y abuela a cargo aún de una hija adulta y cuatro niños, recibió con la covid-19 un golpe de gracia a su pequeño negocio de arreglos florales. “Ya antes la situación era difícil, y a hora, con hogares y comercios cerrados, quedo sin trabajo”, dijo a IPS esta residente en Zacatecoluca, en el central departamento de La Paz.
Su tabla de salvación es su hijo Luis V., de 27 años, quien encontró trabajo en 2018 como carpintero en la ciudad estadounidense de Stafford, a donde huyó de pandillas que le exigían dinero para no atentar contra su hijita, entonces de tres años.
Luis le enviaba entre 350 y 400 dólares cada mes “para pagar recibos, la casa, y medicinas, porque soy hipertensa desde hace muchos años y la medicina no me puede faltar”, pero ahora el hijo apenas le ha enviado la mitad porque “trabaja menos horas, un día consigue trabajo y otro no”.
La hija de Rosa accedió a una ayuda temporal de 300 dólares que dispuso el gobierno para los más vulnerables, y con eso cubrieron gastos básicos, pero ahora ella está angustiada por cómo resolverá la falta de ingresos. Gabriela quisiera emigrar a Estados Unidos, pero le han dicho que ese trámite legal puede demorar ocho años.
Otro país muy impactado es México, de 130 millones de habitantes y con 42 por ciento de ellos en situación de pobreza. En 2019 ingresaron 36 000 millones de dólares en remesas, sobre todo desde la comunidad de 37 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos.
Siete millones de hogares recibieron remesas en 2019, pero este año dejarán de llegar a 1,7 millones, calculó Orozco, por la ola de desempleo que azota al vecino del norte.
Migración intrarregional en el sur
América del Sur tiene más repartida la migración que le provee remesas, entre América del Norte, España y otros países de Europa, y la propia subregión, muy incrementada por millones de venezolanos que llegaron a países vecinos en los últimos seis años debido a la hecatombe económica, política y humanitaria de su país.
Es por ejemplo el caso de Laura (quien pidió reservar su apellido), 26 años, trabajadora en una instalación veterinaria en Lima, “que se ha quedado prácticamente sin clientes por la inmovilización obligatoria que impuso el gobierno peruano. Mi esposo, que hacía trabajos varios, tampoco está produciendo”, contó a IPS desde la capital del país andino.
Laura enviaba regularmente 100 dólares mensuales a su madre, viuda, con otros dos hijos adolescentes, maestra de escuela en Barquisimeto, una ciudad del centro-oeste de Venezuela, con un salario equivalente a cinco dólares mensuales.
Con cada remesa, la madre “podía comprar algunas medicinas, algo de carne, leche y huevos para completar el Clap (acrónimo de la bolsa con algunos alimentos básicos que el gobierno entrega mensualmente a precios subsidiados a familias pobres), pero ahora no puedo enviarle casi nada, intentamos sobrevivir en Lima”, dijo Laura.
De los trabajadores venezolanos en Perú, 46 por ciento se ocupaban en el comercio ambulante, 15 por ciento eran empleados de comercio y seis por ciento de restaurantes, todas actividades restringidas en el marco de la covid-19, de acuerdo a una investigación de Cécile Blouin de la Pontifica Universidad Católica en Lima.
Los venezolanos protagonizaron en los últimos cinco años un gigantesco movimiento migratorio, que llevó a 1,6 millones de sus ciudadanos a Colombia, 880 000 a Perú, 385 000 a Ecuador, 370 000 a Chile, 250 000 a Brasil y 145 000 a Argentina, según la plataforma de agencias de las Naciones Unidas y oenegés que sigue el fenómeno.
Se sumaron a otros flujos más tradiciones, como el de los paraguayos en Argentina, 550 000 migrantes que enviaron a su país unos 70 millones de dólares en 2019, una cifra que ya en descenso por los controles de cambio establecidos en Buenos Aires.
Un tercio de los 1300 millones de dólares que Bolivia recibió en remesas durante 2019 provino de sus ciudadanos migrantes en Argentina, Brasil y Chile, pero la cifra se desinfló desde marzo con las medidas de contención impuestas ante la covid-19.
En Perú, con tres millones de sus ciudadanos fuera del país, una cuarta parte de los 3300 millones de dólares que recibió en remesas durante 2019 provino de los 350 000 peruanos que viven en Argentina y de los 250 000 localizados en Chile.
Hasta esta convulsión mundial, las remesas eran anticíclicas: los trabajadores enviaban más dinero a sus hogares cuando sus países de origen experimentaban crisis y penurias, lo que esta vez no pueden hacer porque la pandemia y la recesión afectaron a todos los países.
Hay un buen augurio. Según el Fondo Monetario Internacional, luego de caer -3,0 por ciento en 2020, la economía mundial crecerá 5,8 por ciento en 2021 (América Latina 3,4 por ciento) y las remesas también crecerán en proporción similar. En los países de ingresos bajos y medios totalizarán 470 000 millones de dólares.
Pero para millones de familias latinoamericanas, como las de las salvadoreñas Gabriela y Rosa o la venezolana Laura, esa resulta una espera demasiado larga.
Con el aporte de Edgardo Ayala desde San Salvador.
