Ciudad de México. La nueva política sobre la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) emitida por la Secretaría de Energía (Sener) el viernes busca garantizar al país la operación ordenada, continúa y eficaz, aseguró Rocío Nahle García, titular de la dependencia federal.

En su cuenta de Twitter la funcionaria señaló que la confiabilidad del SEN es la habilidad del sistema para satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios finales bajo condiciones de suficiencia y seguridad de despacho, por lo que no se limita las energías renovables.

La Sener acotó que el acuerdo es necesario para mantener la seguridad e independencia energética, tal como se establece en la Constitución, donde señala que el servicio público de transmisión y distribución son áreas estratégicas del gobierno federal. Apuntó que uno de los beneficios es garantizar un ordenamiento eficaz.

Explicó que debido a la pandemia del Covid-19, se redujo de manera drástica la demanda eléctrica en el sector industrial y comercial, por lo que aumentó el preexistente desbalance entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda.

Ello compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud durante la emergencia, apuntó.

“México alcanzará la autosuficiencia energética mediante el uso óptimo y sustentable de todos sus recursos de energías primarias, mediante una política integral de desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas e industriales, orientada al aumento de la productividad del sector energético, para mantener bajas tarifas a los usuarios finales”, señaló.

La Sener añadió que la planeación y confiabilidad del SEN requiere de una regulación económica racional para la incorporación acelerada y progresiva de todas las energías.

Sin embargo, acotó, que las energías intermitentes se deben incorporar mediante la intervención y apoyo de centrales con disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento.

Ramses Pech, especialista en el sector energético, consideró que el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) solo son directrices que deberían seguir y sujetarse los reguladores energéticos para cumplir con los ejes de política establecidos dentro de la constitución en la ley de la industria eléctrica y al no influir en el mercado, quedará al libre albedrío la decisión del monto invertir.

Comentó que ante la emergencia ocasionada por la pandemia del coronavirus es indispensble considerar cómo se puede realizar la inversión para la conectividad de la electricidad en el país, lo cual puede lograrse a través de modelos de asociación pública y privada.

Destacó que la política no influye en la decisión final del precio de generación que comercializara al no determinar un precio tope u orientado.

Mencionó que ante el reforzamiento, la construcción de nuevas líneas independientes y uso de equipos adicionales, la inversión deberá ser absorbida por parte de cada proyecto, lo cual incrementará el monto total de la inversión inicial.

Añadió que el incremento puede ocasionar una desventaja competitiva en el número de años en la recuperación de la inversión y en el costo de generar cada megawatt para poder cubrir los costos operativos, administrativos y financieros.

Consideró que varios países están moviendo hacia el uso de energías limpias, por lo que no trascender a ello dejará al país fuera de la economía.