Ciudad de México. La agencia de noticias Notimex tramitó ayer un nuevo amparo ante un juez federal frente al acuerdo emitido esta semana por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el que le pide suspender actividades, por lo que dicho proceso, mientras no concluya, le permite tener las facultades legales para continuar operando, sostuvo la directora general de la agencia, Sanjuana Martínez.

Detalló que los amparos que tramitó de manera previa –contra la declaratoria de huelga por parte de la junta a favor de un grupo sindical que mantiene un bloqueo a las instalaciones en las que anteriormente se encontraba esta empresa del Estado– aún se encuentran en proceso, por lo que no son cosa juzgada.

Martínez reiteró que la agencia recurrió a un juez federal debido a distintas irregularidades cometidas por la junta al admitir la huelga, ya que avaló el voto de personal que ya no labora en Notimex.

Ayer, la presidenta de la junta, María Eugenia Navarrete, envió un oficio a La Jornada en el que asegura que los dos amparos tramitados de manera previa por Notimex no han sido concedidos, y alude que dicho medio informativo ha roto el estado de huelga. Al respecto, Martínez explicó que el proceso se encuentra en un juicio aún no concluido, y será el Poder Judicial el que tenga la última palabra ante las anomalías que ha denunciado en la actuación de la junta.

“Hemos interpuesto otro amparo, además de los otros que están en proceso y que, como todos saben, están detenidos por la contingencia. El nuestro es un caso sub judice, es decir, está en litigio, y mientras esté en esa condición nosotros tenemos la oportunidad de continuar”, indicó la directora de Notimex.

Tras señalar que la agencia se encuentra mejor que nunca al reforzar su equipo de trabajo, expuso que Notimex debe seguir con sus actividades principalmente ante la crisis sanitaria, en la que la población requiere estar informada. Ello, apuntó, está por arriba de cualquier interés sindical.

Por separado, legiladores de Morena en la Cámara de Diputados coincidieron en esta opinión, y plantearon que en el conflicto se haga prevalecer el interés público sobre el privado y el derecho a la información sobre las determinaciones cautelares de la junta, que se limitaron a considerar derechos laborales todavía en disputa.

Consideraron que suspender actividades viola de manera directa el derecho humano a la información, e indicaron que la pretendida suspensión de labores, aunque se fundamente en una declaración de huelga existente, transgrede derechos de terceros, cuyo daño se consumaría de forma irreparable.