Aun cuando las universidades e instituciones de educación superior muestran avances importantes en la atención a la violencia de género al interior de sus comunidades, todavía muestran rezagos importantes, prueba de ello es que todas ellas, en su conjunto, salieron reprobadas en el último informe del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género, que recopiló información en 40 de las principales casas de estudios de nivel superior en el país. 

La directora de investigación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Hidalgo Rodríguez, señaló que este tipo de violencia no cede, aun en medio de esta situación de distanciamiento social impuesto por la pandemia de Covid-19, presente también en los elevados números de denuncias por ciberacoso. 

Al participar en el foro virtual “Fortalecimiento del Protocolo de Violencia de Género del IPN”, organizado por esta casa de estudio, la especialista recordó que este Instituto obtuvo una “calificación muy bajita” de apenas 2.0 --de una calificación máxima de 5-- en la evaluación realizada por dicho Observatorio, en 2008, donde se midieron ocho ejes temáticos. 

El más grave, recordó, fue el referente al tema de No violencia, donde el IPN apenas obtuvo 0.9, en el cual se media, con datos comprobatorios presentados por la institución educativa, respecto al número de casos atendidos y resueltos y sus acciones en materia de prevención de la violencia de género. 

Otro punto muy deficiente, donde se obtuvo una calificación de 1.0, fue el relacionado con las estadísticas de género. Junto con los ejes temáticos evaluados de legislación, corresponsabilidad, lenguaje, sensibilización y estudios de género, el IPN obtuvo una puntuación global de apenas 2.0. No obstante, esta cifra estuvo por arriba de la media de 1.5 obtenido en la evaluación. 

Asimismo, citó que en ese entonces, el IPN no tenía los protocolos de actuación que tiene ahora para atender este tipo de casos, lo cual es un avance sustancial que también se ha registrado en otras instituciones de educación superior, mediante el cual se muestran avances en los últimos años. 

Aún así, aclaró que no por tenerlos se actúa, pues estos protocolos deben estar en manos adecuadas para la toma de decisiones, a fin de evitar corrupción, solapamiento y obstrucción. 

Incluso, señaló que estos protocolos no son uno y para siempre, pues deben estar en un mejoramiento y actualización permanente, siempre escuchando a la comunidad que debe ser partícipe en este proceso de retroalimentación. 

Por ejemplo, la funcionaria de Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación, señaló que el protocolo del IPN no incluye el procedimiento alternativo con enfoque restaurativo, lo cual podría analizarse, además de que dicho protocolo aplica solo al interior de las instalaciones politécnicas y no para las inmediaciones u otros espacios siempre que la persona que denuncia sea parte de la comunidad del Instituto. 

Por su parte, Araceli García Rico, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN, reconoció la problemática que existe en el IPN sobre el tema. Recordó que durante los meses previos al inicio de la contingencia sanitaria, en muchas de los planteles y escuelas superiores del Instituto se montaron “tendederos de denuncia” por acoso y hostigamiento sexual, lo cual permitió visibilizar con más claridad este tema. 

Desde su perspectiva, señaló que lo más importante es la denuncia de la víctima, y que dicha unidad politécnica está fomentando. “Todo este año, desde enero hubo un despliegue de tendederos en todas las unidades académicas; en todas se respetaron y en todas se dio orientación a las estudiantes que los estaban presentando para que la denuncia fuera formal”, dijo la directiva del IPN. 

Finalmente, dijo que hay un trabajo para actualizar de manera permanente el protocolo de actuación que tiene el IPN para atender este tipo de violencia.