En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 30 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, cuatro durante la emergencia sanitaria por Covid-19, denunciaron organizaciones.
Además, señalaron que de acuerdo con datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones contra periodistas y defensores.
En un pronunciamiento, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), reiteraron el llamado a que se realicen acciones “inmediatas” para proteger adecuadamente a las personas, organizaciones y colectividades defensoras.
“Es mediante la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración (de la Secretaría de Gobernación), el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y demás autoridades obligadas, que se deben coordinar esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones óptimas de seguridad”, destacaron.
Indicaron que dos de los cuatro casos de asesinatos registrados en las siete últimas semanas tienen el agravante de que las víctimas fueron agredidas en su propio domicilio, “lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19”.
“No fueron asesinadas en hechos fortuitos, sino como represalias por la defensa de derechos humanos que realizaban. Resaltamos que la labor de tres de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones”, afirmaron.
Frente a estos hechos, añadieron, “resulta importante insistir también en la grave situación de violencia que impera en la Sierra Tarahumara y que mantiene en riesgo a las comunidades, colectividades y personas defensoras en la región. El 1 de abril, en San Juanito, Bocoyna, fue asesinado Juan Zamarrón, activista en defensa del bosque y quien denunciara de forma reiterada la tala clandestina en la zona. En los hechos, fueron asesinados dos familiares del defensor, lo que sigue poniendo en entredicho la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras”, sus familias y organizaciones.
“En el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos”, resaltaron. Por ello, “continúan dando la batalla en entornos mucho más complejizados, lo que les coloca en una mayor situación de riesgo”, manifestaron.
Las organizaciones recordaron que frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado a los Estados de la región a “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del Covid-19”, el cual complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la necesidad de la protección particular de las y los periodistas y las defensoras y defensores, así como el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia.
