Desde que surgieron los detalles de una operación anunciada por el ex sargento de fuerzas especiales estadunidenses Jordan Goudreau –veterano de las guerras en Afganistán e Irak y director de una empresa de seguridad privada en Florida llamada Silvercorp USA– el domingo 3 de mayo destinada al fracaso antes de lanzarse, el gobierno de Donald Trump negó su participación.

El martes 5 de mayo Trump afirmó que el operativo no tiene nada que ver con nuestro gobierno. Un día después, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó: no hubo ningún involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos en esto.

Pero el vínculo de Goudreau con algunos personajes ligados a Trump y la revelación de que la operación fue elaborada por figuras en Miami que tienen extensos contactos con el gobierno estadunidense, y que fue aprobada inicialmente por el hombre de Washington en Caracas, Juan Guiadó, dejan sin duda a especialistas de que aunque aun si agencias gubernamentales no estaban a cargo, es casi imposible contemplar que no sabían de su existencia durante meses.

Fulton Armstrong, académico del Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University y ex oficial de Inteligencia Nacional para América Latina (analista de más alto rango de la comunidad de inteligencia) entre 2000-2004 y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, así como analista sobre América Latina del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, comentó: “cuando Pompeo tuvo que decir que Estados Unidos no estaba ‘directamente involucrado’, dejó claro que estábamos indirectamente involucrados”.

En entrevista con La Jornada, Armstrong señaló que Washington había dado todas las indicaciones de que daría visto bueno a un intento de golpe, y por lo tanto no se puede decir que no fuimos responsables; nosotros establecimos el marco para lo que ocurrió.

Armstrong indica que cuando el gobierno de Trump apoya explícitamente el cambio de un régimen, empapa a la oposición con dinero, califica de narcoterroristas a los altos mandos del gobierno venezolano y hasta pone una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y otra de 10 millones por otros líderes de ese gobierno, está invitando a operaciones como la que se realizó la semana pasada. Estados Unidos ha puesto los incentivos para este tipo de operación, subrayó, y aunque todo indica que esta operación no fue dirigida por Washington, todo también indica que sí fue aprobada ahí.

Señala que ahora, esta coyuntura posterior a la aventura fracasada, es tal vez la más peligrosa. “Ahora hay un pretexto para la acción militar directa de Estados Unidos, al calificar a los ex militares estadunidenses detenidos como ‘rehenes’ junto con los seis ejecutivos de Citgo con doble nacionalidad bajo arresto domiciliario en Venezuela”.

Pompeo afirmó hace una semana: usaremos toda herramienta disponible para intentar rescatar a los estadunidenses.

Armstrong recuerda que ya están desplegadas fuerzas navales estadunidenses en el Caribe para la supuesta operación antinarcóticos anunciada por Trump el primero de abril, después de presentar cargos por narcoterrorismo contra el gobierno de Maduro.

Otros observadores coinciden en que partes del gobierno de Trump –sobre todo las agencias de inteligencia, la DEA, y otros– tendrán que haber estado enterados del complot. Un veterano observador comentó a La Jornada que si resulta que es verdad, deberían ser despedidos por no hacer su trabajo, sobre todo porque la operación fue revelada al público dos días antes de lanzarse por un reportaje de la agencia Ap.

A la vez, nadie en Washington oculta el objetivo bipartidista de un cambio de régimen en Venezuela. La administración de Trump declaró ilegítimo el gobierno de Maduro, seleccionó a Guaidó como representante de ese país, quien ha sido elogiado en repetidas ocasiones por el liderazgo de ambos partidos en Washington, y ha dejado sobre la mesa la opción militar desde 2017. Maduro se tiene que ir, rei-teró Pompeo después de negar la mano de su gobierno en este operativo para secuestrar al presidente.

Pero por ahora no se sabe quién sabía qué ni cuándo dentro del gobierno de Trump. El diputado federal demócrata Eliot Engel, quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja, ha solicitado esa información del Departamento de Estado desde hace más de una semana sin recibir respuesta. El Congreso necesita saber si las leyes estadunidenses fueron violadas por ciudadanos y empresas del país y si algún elemento del gobierno sabía lo que estaba ocurriendo, escribió Engel en su capacidad de presidente del comité.

Agregó que también se requiere información sobre si se exportaron armas estadunidenses, y “sobre las reuniones en Estados Unidos de cada uno de los contratistas de seguridad privados relacionadas a un asalto potencial en Venezuela, y… si el gobierno de Trump sabía de estas interacciones”.

Recuento de daños tras el fracaso del operativo

Tal vez fue en parte por estas investigaciones, junto con el daño político a Guaidó al ser vinculado al fracaso espectacular de este operativo, que motivó las renuncias de los asesores del venezolano en Miami, JJ Rendón y el legislador exiliado Sergio Vergara, el pasado lunes.

Rendón fue quien negoció con Goudreau y aprobó, con Guaidó en el teléfono desde Venezuela, un contrato ofreciendo más de 200 millones de dólares si lograba derrocar a Maduro, pero él contó hace unos días que poco después rompió la relación con en el estadunidense, en noviembre de 2019.

Ampliamente conocido por sus nexos latinoamericanos, Rendón renunció como jefe de estrategia de la campaña de relección del presidente colombiano Juan Manuel Santos al ser acusado de recibir sobornos de narcotraficantes, y antes fue señalado como parte de un operativo cibernético a favor de la campaña del PRI en 2012. Rendón ha dicho que ha trabajado a favor de candidatos priístas durante años (https://www.jornada.com.mx/2012/04/02/politica/010n1pol; https://www.jornada.com.mx/2018/01/14/politica/003n2pol).