En la autonomía que tienen las entidades federativas para regular sus propias medidas de mitigación del Covid-19, algunos de ellas han quebrantado principios clave de la libertad ciudadana, alertó Ramiro Bautista Rosas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

“Si se es estricto en las formalidades jurídicas se vulneran las garantías constitucionales de manera variada, por ejemplo, el derecho al libre tránsito, la reunión o la protesta, pero existe una justificación y causa suficiente para ejercer dichas disposiciones, además de que cada estado las sistematiza según las circunstancias”, dijo el académico del Departamento de Derecho en la Unidad Azcapotzalco de esa casa de estudios. 

Dijo que hasta ahora, el gobierno federal manejado esta situación “más política que jurídicamente” y, acorde con la línea de aplicar la tolerancia, ha procurado el convencimiento, la conciliación, la negociación y la comprensión, lo que explicaría la actuación independiente de cada entidad. 

En un comunicado de la UAM, el investigador universitario citó varios casos específicos de violaciones a estas libertades en algunas estados del país. Sin embargo, el artículo 29 de la Constitución establece procedimientos claros para ejercer una condición de control rígido en la que pueden suspenderse o restringirse garantías individuales por tres causales: invasión; perturbación grave de la paz pública, incluidos golpes de Estado o motines, y por cualquier otro motivo que ponga en peligro severo a la sociedad. 

Pero esta decisión sólo puede estar a cargo del presidente de la República y el Congreso, y otorga al primer mandatario facultades extraordinarias en las que se convierte a la vez en legislador, por medio de decretos que adquieren carácter de ley, pudiendo hacer uso de todos los aparatos de fuerza del Estado para estos fines. 

Bautista Ramos dijo que en prácticas concretas de control del Covid-19, han sido gobernadores y presidencias municipales los encargados y en lo que sí se actúa de manera conjunta es en el apoyo brindado por el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la Policía Federal, entre otras instituciones del Estado.