Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que hay avances en las procedimientos administrativos sancionadores por presuntas irregularidades en la adquisición de 20 ventiladores en el IMSS en el estado de Hidalgo.

Al momento existen al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios públicos y particulares, reportó la dependencia, en el caso donde esta involucrada la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Alvarez, hijo de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, por un contrato de 31 millones de pesos.

A través de un comunicado, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, señaló que los expedientes de investigación fueron abiertos desde el 1 de mayo, además de que la compra fue rechazada debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados. “Las investigaciones van a un buen paso y pronto daremos conclusiones”, dijo.

Además, señaló que a diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, ahora no se permitió que se consumara un daño al erario público. “En el pasado se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”.

Hay que recordar que a principios de este mes, se hizo publico que la delegación del IMSS en el estado de Hidalgo asignó a dicha empresa, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por la compra de 20 ventiladores respiratorios para pacientes de Covid-19, a un precio de un millón 550 mil pesos por unidad, precio muy alto comparado con otras adquisiciones similares.

La secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que la Función Pública continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción, ya sea para los particulares o para los servidores públicos, respetando siempre las garantías del debido proceso de los involucrados.

Dijo que en el caso de que se determine la comisión de conductas ilegales, se impondrán con rigor las sanciones que correspondan, con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas, y en cualquier caso se dará vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones.

Señaló que respecto a los requerimientos que desde el inicio de las investigaciones se realizaron a las dependencias del Gobierno federal, ya han sido respondidos tanto por el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria, la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas. Asimismo, se solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aún en tiempo para responder.