Ciudad de México. A ocho años de la masacre de Cadereyta, en la cual fueron encontradas 49 personas decapitadas y desmembradas en una carretera de ese municipio de Nuevo León, 17 víctimas han sido identificadas, de las cuales 10 de ellas eran migrantes hondureños que se dirigían a los Estados Unidos, dijeron familiares, que exigen conocer la verdad, que se castiguen a los responsables y que el Estado mexicano garantice la no repetición de este tipo de actos.
Por medio del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), destacaron que a la fecha las autoridades “no han establecido cómo, quiénes y por qué fueron privados de la libertad, la vida y los sueños, y luego abandonados en condiciones difíciles de nombrar”.
Hasta donde se sabe en la masacre también hubo víctimas de Nicaragua, Guatemala y México. Pese a la gravedad de los hechos y su carácter emblemático, la justicia “parece que no quiere llegar”, agregaron.
Tras la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República -hoy fiscalía-, a cargo de la investigación de los hechos, pidió a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la atracción del expediente 121/2010, iniciado el 13 de mayo 2012. “Después de varios recordatorios y peticiones directas y por oficios, la FGR nunca recibió el expediente sino una notificación de que éste había sido ‘destruido’ por la empresa de paquetería encargado del envío”, recordaron.
La "destrucción" del expediente de la masacre de Cadereyta,a cargo de la @FiscaliaNL es una pérdida invaluable para las familias pues, fue la primera en intervenir en el lugar de los hechos, en recabar indicios, declaraciones y otras evidencias fundamentales para la investigación pic.twitter.com/YDcMeW90jz
— Fundación Justicia (@FJEDD) May 13, 2020
El 14 de abril pasado la Fundación para la Justicia presentó una queja ante la CNDH “para que se investiguen los hechos como una violación más a los derechos de las víctimas de acceso a la verdad y justicia. De igual forma se iniciarán otras acciones jurídicas para que se investigue la destrucción del expediente, pues la Fiscalía de Nuevo León fue la primera en intervenir en el lugar de los hechos, en recabar indicios, declaraciones y otras evidencias fundamentales para la investigación”, explicaron.
Las organizaciones añadieron que la reparación del daño ha sido una violación más para las familias hondureñas y de otros países, pues “siguen excluidas del sistema de atención a víctimas y de los derechos previstos en la ley”, mencionaron.
Pidieron que la nueva administración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas implemente mecanismos que permitan romper con su exclusión, garantizarles el derecho de acceso, en igualdad de circunstancias, a los programas y medidas operados por dicha institución.
La FGR, indicaron, “deberá reorientar su modelo de investigación, tener visión estratégica y transnacional, contextualizar el caso correctamente y allegarse de los apoyos necesarios para darle su verdadero valor".
