Se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva mañana un proyecto que valida aspectos de la ley minera que ignora los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a pesar de que en distintos juzgados federales se ha reconocido que el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios ha sido inconstitucional. 

Organizaciones y representantes de comunidades advirtieron que el proyecto de resolución del ministro Javier Laynez Potisek sobre diversos aspectos de la Ley Minera, va en ese sentido por lo que pidieron en una carta dirigida a la Suprema Corte no aprobarlo. 

En el documento enviado por organizaciones y comunidades se señala que en el origen la Ley, les debió ser consultada por el Congreso de la Unión, así como regular en su texto mecanismos para respetar y proteger sus derechos fundamentales como el territorio, el agua y la autodeterminación. 

Explican que el proyecto de resolución se limita a afirmar sin mayor sustento que "el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados", lo cual preocupa porque invisibiliza las afectaciones que la implementación de la Ley Minera ha ocasionado sobre los derechos ellos. 

Entre los firmantes están el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Consejo Tiyat Tlali, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan. Plantean que las afectaciones fueron demostradas en los peritajes, y en general la problemática ha sido ampliamente estudiada por organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil mexicana y el propio Poder Judicial de la Federación. 

Ejemplificaron que en varios juzgados federales de Guerrero, Puebla, Oaxaca, y San Luis Potosí han llegado en diferentes momentos a la misma conclusión: el otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas ha sido inconstitucional en tanto no se ha garantizado su derecho a la consulta previa, libre e informada por los impactos significativos que tal actividad conlleva. 

Consideran que la Ley Minera es un instrumento que posibilita la expedición de títulos de concesión con los que se despoja a los pueblos y comunidades indígenas de sus territorios y por ello el proyecto constituye un paso atrás en la protección de los derechos de los pueblos, en especial si se toma en cuenta el contexto actual, donde 35 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras.