Ciudad de México. Durante los dos meses que se ha mantenido en el país la cuarentena por el Covid-19, se han agravado las agresiones y eventos de violencia contra comunicadores y activistas, “sin que exista una respuesta adecuada por parte de las autoridades que tienen la obligación de garantizar el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio periodístico en condiciones seguras”, subrayaron organizaciones civiles.

Indicaron que las propias cifras del Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas, del 15 de marzo a la fecha han sido asesinados dos reporteros y cuatro activistas, además que se han dado 44 actos de violencia contra profesionales de estos gremios.

En una carta dirigida a las cabezas de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Mecanismo de Protección para ambos gremios, indicaron que del 15 de marzo a la fecha han sido asesinados dos comunicadores y cuatro activistas y ha habido 44 actos de violencia más contra profesionales de estos gremios.

La información oficial de esa instancia dependiente de la SG muestra que Guerrero es la entidad con el mayor incremento de situaciones de riesgo contra periodistas.

“De acuerdo con el informe anual del Mecanismo, en 2019 se registró un total de 295 agresiones, es decir, en promedio 24.5 agresiones por mes, lo cual implica que en el contexto de crisis sanitaria las agresiones se han duplicado”, indicaron las ong en una carta dirigida a los titulares de la SG,Olga Sánchez Cordero; de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz; de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores, Alfonso Durazo y Marcelo Ebrard; a los gobernadores y alcaldes, así como a las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“En este contexto, nos preocupa que el titular del Ejecutivo (Andrés Manuel López Obrador) siga utilizando un discurso que desacredita el papel de los medios y la labor periodística. Estas declaraciones contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de las personas que ejercen el periodismo y de los medios de comunicación, y en esa medida pueden debilitar la libertad de expresión”.

Agregaron que se ha observado que la imposición de medidas que restringen y obstaculizan la libertad de tránsito y de asociación, como los toques de queda, en Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca tienen un impacto negativo en la labor de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión, “ya que son aplicadas de manera generalizada, sin considerar que, de acuerdo con el propio decreto emitido por el gobierno federal, la defensa de los derechos humanos es una actividad esencial que debe ser garantizada”.

Por ello, enfatizaron que resulta de gran relevancia fortalecer la labor que realiza el Mecanismo, en su mandato de proteger la labor de los profesionales a los que atiende.

“Tenemos conocimiento que el Mecanismo mantiene rezagos y tardanzas en la atención, lo que deriva en que las intervenciones no sean ágiles, eficientes y oportunas. Consideramos que esta coyuntura es una oportunidad para fortalecerlo y que, en conjunto con otras instituciones, como la CNDH, la CEAV y la FGR establezcan una estrategia conjunta de atención a la emergencia, reconociendo la función central que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

La carta es firmada por organismos como la Casa del Migrante Saltillo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos , Artículo 19, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras, que solicitaron de manera urgente a las autoridades de la Junta de Gobierno del Mecanismo impulsar una estrategia a nivel nacional y adoptar todas las medidas necesarias por la Federación, entidades y municipios, para proteger la vida y labor defensores y periodistas.

Esto en el marco del estado de las emergencias sanitaria, social, económica y ecológica por la pandemia, conforme a las recomendaciones de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil y, considerando las necesidades diferenciadas desde un enfoque de género, interseccional y de derechos humanos; entre otras peticiones dirigidas a la SG, la FGR, la CEAV y la CNDH.