Ciudad de México. El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos toda la información sobre el operativo Rápido y Furioso -que inició a finales de 2009—, pues si se ejecutó sin el conocimiento de las autoridades mexicanas del más alto nivel, la administración estadunidense habría incurrido en una violación a la sobereanía mexicana. Por el contrario, si la gestión de Felipe Calderón tuvo conocimiento y autorizó dicho operativo, “estaríamos ante graves violaciones a la Constitución, pues mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad”.

Así lo expuso el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en una no ta diplomática sobre el tema, enviada al titular de la embajada de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

El documento se dio a conocer esta tarde, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiriera al tema en su conferencia de esta mañana y calificara de graves los alcances de dicha operación, no sólo por la cantidad de muertes asociadas a las armas que se internaron en México, sino “por la violación fragrante a nuestra soberanía, que es lo que tenemos que también pensar hacia adelante. Nunca más un gobierno extranjero puede intervenir y violar nuestro territorio, violar nuestra soberanía, no pueden entrar, de acuerdo a nuestra Constitución, personas armadas, no pueden invadirnos. Es muy grave esa intromisión”.

El titular del Ejecutivo federal subrayó que aun cuando el ex presidente, Calderón recientemente aseguró no haberse enterado durante su mandato de la realización de ese operativo, de acuerdo con documentos desclasificados del gobierno estadunidense, el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, conoció de Rápido y Furioso, según se desprende de comunicaciones que tuvo con el fiscal estadunidense en ese periodo.

En la nota diplomática, el canciller Ebrard recordó que la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadunidense (ATF, por sus siglas en inglés) dio a conocer que el operativo comenzó a implementarse a finales de 2009 (durante los gobiernos de Calderón y Barak Obama).

“Dicho operativo, como ha reconocido el Departalento de Justicia de los Estados Unidos, en el informe publicado en septiembre de 2012, involucró el trasiego de más de 2 mil armas de alto calibre, que entraron a territorio nacional, con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia. No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos, tanto en México como en Estados UNidos, e inclusive, en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadunidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido”, subrayó Ebrard en la nota emviada a Landau.

Contrario a ello, enfatizó, el tráfico ilícito de armas de aquel país al nuestro ha segudo creciendo en los últimos años. “A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadunidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada”.

El titular de la SRE refirió que la entonces PGR, a cargo de Medina Mora, alegó que las autoridades mexicanas desconocían la existencia de las actividades ligadas a Rápido y Furioso. “Sin embargo, a través de la embajada de Estados Unidos en México, el gobierno de ese país publicó una declaración del ex secretario de justicia, Eric Holder, quien argumentó que las autoridades de justicia (de México) sí tenía conocimiento sobre el caso”.

En ese sentido, Ebrard remarcó que la identificación de la pertenencia de cada arma al opertivo Rápido y Furioso en territorio mexicano, “sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acuisioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización”; pues sin esa cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas.

“Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo, estaríamos ante gravces violaciones a la Constitución Política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocuparon los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad.

“Si en cambio, resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México”, sostuvo el canciller en la nota diplomática.

Frente a ello, y “consciente de la importancia de este caso”, la hoy Fiscalía General de la República solicitó desde septiembre del año pasado a la ATF información sobre el operativo, requerimiento que se ratificó el 20 de febrero de 2020.

Entre lo la información pedida está, dijo el canciller, la documentación de las declaraciones de los procesados por dicho operativo, la relación de las armas vinculadas al mismo que han sido recuperadas en México y e listado de las que aún no se tiene registro de recuperación.

“El gobierno de México solicita (al de Estados Unidos) que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo Rápido y Furioso, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países”, finalizó la nota diplomática.