Las reformas recientemente aprobadas por el Congreso de Querétaro donde se aumentan delitos y sanciones penales como medidas para evitar la propagación del Covid-19 “trasgreden” los derechos fundamentales”, enfatizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Por ello, el organismo nacional trabaja en una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de esas modificaciones al Código Penal de la entidad, con el objetivo de combatir este tipo de políticas que criminalizan a la sociedad en el periodo de la pandemia. 

Con el pretexto de la pandemia, el congreso de Querétaro –con mayoría panista— realizó las modificaciones respecto de los delitos de riego de contagio, omisión de auxilio, de discriminación, de extorsión, de incitación o apología de conductas delictivas, de quebrantamiento de aislamiento obligatorio, de rehusar la prestación de un servicio obligatorio y desobediencia de mandato legítimo de autoridad, de omisión de declarar, de obstrucción de funciones públicas, de oposición a obra o trabajos públicos, por quebrantar la prohibición de residir en cierta circunscripción territorial, entre otros. 

La CNDH analizó esas reformas y concluyó que esas modificaciones pueden vulnerar diversos derechos y libertades de las personas, particularmente, los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, y manifestación, y de tránsito, así como los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal.

Ante esa situación, el organismo presidido por María del Rosario Piedra Ibarra dio a conocer que prepara un escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de esos cambios normativos, con la finalidad de solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invaliden las disposiciones que vulneren los derechos humanos de las personas, el cual será presentando una vez que las reformas sean publicadas en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de dicho estado.

La ombudsperson nacional llamó a las autoridades para que en estos momentos de emergencia sanitaria que enfrentan diversos países, incluido México, ocasionados por la enfermedad provocada por el Covid-19, establezcan medidas conducentes para proteger el derecho a la salud, sin que ello implique desproteger otros derechos fundamentales, pues todos tienen la misma importancia, por lo que deben tutelarse en todo momento; y exhortó a no emplear el derecho penal como parte de las políticas públicas de salud, privilegiando otros instrumentos más efectivos y menos represores.