Mexicali, BC. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a su papel como garante de la constitucionalidad al echar atrás la “Ley Bonilla”, además de que es una vergüenza para el Congreso local haber llegado a esas instancias por tratarse de un fraude a la Constitución a partir prácticas corruptas y de la simulación para burlar la voluntad ciudadana, dijo Jaime Martínez Veloz, ex candidato al gobierno de Baja California.

Se pretendía respetar las reglas del juego, tal y como se lo planteé a nivel privado y público al propio Jaime Bonilla, dijo.

Señaló que esta decisión obliga al gobierno estatal a hacer un exhaustivo análisis porque fueron contundentes las voces de los ministros, “en particular del ministro Zaldívar”, y es “una lección a quienes pretenden violentar la ley y la Constitución por tener el control político local”.

Martínez Veloz se pronunció por articular un proyecto de estado incluyente con mecanismos constitucionales y no de liderazgos mesiánicos porque “debemos de transitar a la institucionalidad democrática”.

La avaricia de Bonilla, advirtió, busca centrar el poder en una sola persona ya sea en los temas del transporte, el agua, el predial, la elección de los cargos del fiscal, en los asuntos de la transparencia y el sistema anticorrupción.

En tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Baja California reconoció a los ministros de la SCJN luego de que de forma unánime invalidaran la ampliación de mandato del gobernador que habían aprobado los legisladores locales.

En un comunicado señalaron que con esta resolución se demuestra que la división y equilibrio de poderes le sirve al país, y un Poder Judicial autónomo es primordial para garantizar la democracia.

Destacaron que con la resolución de la Suprema Corte ganan todos los mexicanos, además de que se sienta un precedente para que nadie pueda modificar los periodos de gobierno.

Felicitaron a los once ministros por conducirse con independencia, imparcialidad, y autonomía, ya que “el intento de ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez, era un atraco y una burla a los bajacalifornianos”.

Con base en lo anterior, el PRD anunció que buscará que se lleve a cabo un juicio político en contra de los legisladores de la anterior legislatura de Baja California, quienes aprobaron la ampliación invalidada este día.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) celebró también la resolución de la SCJN respecto a la Ley Bonilla.

El presidente del PAN en Baja California, Enrique Méndez Juárez, señaló que habrán de buscar, que quienes aprobaron la ampliación de mandato, que hoy se revocó categóricamente por la Suprema Corte, sean castigados por violentar el estado de derecho.

Refirió que se analizará la posibilidad de interponer denuncias en contra de los legisladores locales, los cuales en ese entonces conformaban mayoría panista en el Congreso del estado, así como para los magistrados del Tribunal Electoral de Baja California.

Recordó que los diputados panistas que votaron a favor de modificar la ley para ampliar el mandato de Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, fueron expulsados del partido.

Agregó que lo más probable es que cuando termine el mandato del gobernador Bonilla se podrá verdaderamente investigar cómo se dio la presunta “compra” de los legisladores locales, para que votaran en favor de la ampliación.