Ciudad de México. La Red Convergencia para la Acción, de la cual forma parte la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, llamó a los gobiernos a no desatender las situaciones de riesgo, injusticia y desprotección que afectan a la niñez en esta emergencia sanitaria por el Covid-19.

En una declaración conjunta, los líderes de 18 países de América Latina, agrupados en la Red, los exhortaron a impulsar acciones en materia legislativa, política y programática que permitan, luego de esta emergencia, el pleno desarrollo de niños y niñas.

Hoy, niñas y niños de 0 a 4 años en la región han visto afectados gravemente su desarrollo cerebral, y su salud física y mental, por lo que proponen a sus gobiernos medidas imprescindibles para atender a este sector de la población.

Los firmantes también llamaron a Organizaciones de la Sociedad Civil, comunicadores y a la opinión pública a avanzar en el impulso de acciones que permitan condiciones mínimas para su pleno desarrollo, como el monitorear su salud.

Así como asegurar condiciones de saneamiento e higiene en las viviendas; garantizar la provisión de servicios y prestaciones básicas de salud; y mantener la vigilancia y el control sobre otras enfermedades como el dengue y la influenza.

El avanzar en la identificación de los requerimientos de salud mental de las familias o cuidadores es otro de los aspectos que les piden atender; mientras, a los gobiernos los exhortaron a garantizar el registro oportuno desde el nacimiento.

De esta manera, se les garantiza el acceso a servicios y prestaciones de protección social; se asegure apoyo económico, y garantice el derecho a la alimentación, la provisión de servicios de protección social reforzados para las familias migrantes, entre otras medidas.

Los 75 líderes exigen además a los gobiernos de América Latina asegurar la posibilidad de salidas diarias de niños y niñas para el desarrollo de actividades recreativas, bajo condiciones que resguarden su salud, la de su familia y de la comunidad.

Además de asegurar la disponibilidad de canales de denuncia en casos de violencia intrafamiliar; asegurar el funcionamiento de programas de prevención de la violencia y de protección de las víctimas.