Madrid. En medio de uno de los procesos más delicados de la crisis sanitaria, en el que se pondrán en marcha las fases de reducción de las medidas de confinamiento, siempre de forma paulatina y lenta, la crispación y la división política afloró en España, con un agrio enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, pero también entre el gobierno central y algunos gobiernos autonómicos.
Madrid, gobernada por la derecha del Partido Popular (PP), se convirtió en el centro de la batalla y, como era previsible, no fue autorizada por el gobierno central, del socialista Pedro Sánchez, a pasar a la siguiente fase de lo que denominan la “desescalada” hacia “la nueva normalidad”.
La radiografía de la pandemia del Covid-19 en España es diversa. En los pueblos, islas o ciudades más pequeñas y ajenas a los grandes concentraciones urbanas el virus se ha expandido de forma minoritario y, por tanto, sus estragos en la salud pública han sido también bajos. Eso explica que islas como La Gomera, Graciosa, Formentera o Tabarca no hayan tenido apenas contagiados ni problemas de saturación en los hospitales. Aún así, como el resto del país, desde el pasado 14 de marzo también asumieron las duras medidas de confinamiento y restricción de las libertades individuales, sobre todo la prohibición a la libre circulación.
El plan del gobierno para la denominada “desescalada” consta de cuatro fases. La mayor parte del país, salvo las islas con casos esporádicos de la enfermedad, se encontraban hasta hoy en la fase inicial, pero abrirán una nueva etapa el próximo lunes, en la que habrá más libertad de movimiento y, sobre todo, más flexibilidad en las actividades comerciales. Salvo en el caso de Madrid, que el gobierno decidió no aprobar su solicitud para pasar a la nueva fase bajo el argumento de que no reunía las condiciones, máxime cuando en la región se ha concentrado el mayor número de casos de víctimas mortales y de contagiados. Además, se dio la circunstancia de que la víspera de la presentación de la propuesta de pasar a la siguiente fase, la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, decidió renunciar al cargo por fuertes discrepancias con sus jefes y máximos dirigentes del gobierno autonómico, que estaban convencidos de pedir la aprobación de la nueva fase para reactivar la economía madrileña, que tras dos meses paralizada está moribunda y cada día aumentan las colas de personas pidiendo comida en los bancos de alimentos.
Tampoco pasaron a la siguiente fase las regiones de Castilla y León, por petición propia, y también tras un acuerdo bilateral con el gobierno catalán, del independentista Quim Torra, se acordó que la “desescalada” en la comunidad autónoma se haría por regiones y en función de la situación de cada una. Por ejemplo, Barcelona, el segundo mayor núcleo urbano de España, tampoco pasará a la siguiente fase, con lo que al igual que Madrid seguirán sometidas al confinamiento actual, que sólo permite salir a la calle para comprar alimentos y productos básicos como medicinas y que están reguladas unas horas al día para salir a hacer deporte, sacar a los niños a dar un paseo y también para que salgan de sus casas las personas mayores de 65 años, que son a su vez el colectivo más vulnerable a la pandemia.
Cada reducción de las medidas de confinamiento las negociará a la carta, con cada gobierno autonómico, el gobierno central del socialista Sánchez, que será el que finalmente tenga la última palabra. En el caso de Madrid, ambas administraciones mantienen desde el inicio de la pandemia un cruce de acusaciones que hoy llegó a uno de sus momentos culminantes, cuando el vicepresidente del gobierno español y también líder de Unidos Podemos (UP), Pablo Iglesias, acusó al gobierno autonómico de querer “ganar rédito político con algo tan serio como salvar vidas”. Mientras que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le recriminó que en toda la crisis “no ha arrimado el hombro” y tampoco se ha hecho cargo, como se comprometió, a proteger y garantizar la seguridad de los asilos de ancianos, en donde se han registrado la mayor parte de las muertes por el Covid-19.
