De acuerdo con Prieto Terrazas, el contagio masivo se produjo porque la industria de la maquila, principalmente automotriz, aeronáutica y militar, simuló suspender operaciones sólo por tres o cuatro días, pero siguió activa e incluso ofreció a los trabajadores un bono de 500 a mil pesos semanales para laborar durante la cuarentena.

En entrevista con La Jornada, afirmó que el discurso de los dirigentes empresariales de que van a regresar a trabajar es falso, ya que 95 por ciento de las compañías están laborando y cuando pararon lo hicieron, no por la salud de los empleados, sino porque sus filiales en el extranjero se sumaron al paro y no tuvieron insumos, como en Lear, que dio dos semanas a sus obreros antes del decreto federal y pagándoles de 50 a 75 por ciento de su sueldo sin prestaciones.

Aún más, diputados locales denunciaron que la oferta de los bonos continúa porque la mayoría de las maquiladoras planea reabrir la próxima semana, en coincidencia con las líneas de producción en Estados Unidos de los ramos antes citados, pero también justo en plena fase 3 y antes del pico de contagios en Ciudad Juárez. Ante esta situación, pidieron al gobernador panista Javier Corral Jurado tomar medidas más enérgicas contra estas compañías.

Todo esto, a pesar de que Juárez –limítrofe con El Paso, Texas– ocupa el primer sitio en el ámbito nacional en tasa de mortalidad, con 25.07 por ciento, seguido por Tijuana, Baja California, con 19.76 por ciento, y Culiacán, Sinaloa, con 16.10 por ciento, de acuerdo a cifras del gobierno federal.

La abogada laboral señaló que 85 por ciento de los fallecidos por Covid-19 en esta demarcación eran obreros y el recuento se hace con base en las denuncias e información que hicieron sus familiares, directamente o en redes sociales, o compañeros de las víctimas, situación que el sector Salud del estado está ocultando y manipulando.

Pero, sostiene, la cifra de muertes es mucho mayor a los 104 que han logrado documentar, ya que, apuntó, en los certificados de defunción los médicos indican que la causa de muerte fue neumonía atípica.

Es verdaderamente inadmisible que el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y los gobernadores de los estados del norte, como Javier Corral, invisibilicen a la clase obrera, eso es criminal, son genocidas, reprochó Susana Prieto.

Cuestionó: “gobernador (Javier Corral), ¿no fuiste a las maquilas?, ¿es que no sabes que la movilidad de Juárez se debe a que 65 por ciento del trabajo formal está en la maquila y tú y la autoridad federal permiten que continúen laborando? Por eso exigimos justicia.

Si no quieren movilidad, como mencionan en los mensajes televisados, ordena acordonar las zonas industriales e impida que las fábricas laboren, con eso salva a nuestra gente; deja de hacerte el chistoso, serás cómplice del genocidio y estás poniendo en riesgo la seguridad de toda la comunidad, pero principalmente la de los pobres.

Además de las tres plantas de Lear (Río Bravo; San Lorenzo, Johnson y Johnson, Aptiv y Eagle Ottawa) donde trabajaban 30 asalariados fallecidos; también se ha sabido de decesos por Covid-19 de obreros de Regal, con 10 víctimas; Mahle, Electrocomponentes de México, Electrolux, Hubbell, Commscope, Toro Company, Ethicon, Cordis, Syncreon, Flex, Keytronic, Optron, TPI y Honeywell. Adicionalmente, perdieron la vida por Covid-19 tres choferes de camiones especiales que trasladan a los trabajadores y ya se les conoce como vagones de la muerte.

Rechazan firmar carta

En la capital del estado, trabajadores de las empresas Resideo Manufacturas, antes Honeywell, manifestaron su rechazo al reinicio prematuro de actividades, dado al peligro que significa el volver a las instalaciones a trabajar y exponernos al contagio del coronavirus en plena fase 3 de la pandemia, en una acción totalmente fuera de la ley, y acusan que con el pago del bono los directivos justifican incumplir la legislación; además, dicha prestación no tiene reglas.

Por lo anterior, sabiéndonos amparados por las leyes que protegen a los trabajadores, así como por las leyes estatales y nacionales ante la pandemia, nos negamos a firmar la carta con la que nos obligan a tomar responsabilidad de estas medidas, para que así la empresa pueda lavarse las manos y excusarse de respondernos en caso de algún contagio, denunciaron los obreros en redes sociales.

El diputado local de Morena Gustavo de la Rosa Hickerson instó al gobierno estatal a tomar medidas más enérgicas contra las industrias que pretenden reanudar operaciones antes del fin de la emergencia.

Las empresas maquiladoras que siguieron trabajando a pesar del decreto para detener las actividades no esenciales deben ser sancionadas y la fiscalía debe investigar los casos de muerte de trabajadores por Covid-19, como posibles homicidios culposos, demandó.

Como principal responsable de que las maquiladoras incumplan el decreto federal y obliguen a los obreros a volver al trabajo señaló a Corral. Se requiere que desde los altos niveles haya decisiones más fuertes, los inspectores del Trabajo en Ciudad Juárez no llegan a 10, y deben inspeccionar 500 negocios, de los cuales 400 son fábricas, reprochó.

Las factorías, declaró, no pueden despedir a nadie y los obreros pueden rechazar presentarse a laborar, porque las fábricas están en suspensión de actividades

En tanto, 66 centros de trabajo no esenciales han rechazado suspender actividades y se dio aviso a las autoridades federales, que serán las responsables de aplicar las sanciones, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal.

A las 66 compañías se les exhortó a parar por no haber acreditado tener producción prioritaria y al no acceder voluntariamente, se dio vista a la Inspección Federal para que se actúe en consecuencia, informó la titular de la secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera Laso, y explicó que hasta el 5 de mayo se han realizado 531 visitas a 445 centros de trabajo en el estado.

Estas empresas pueden ser objeto de sanción, incluso enfrentarían responsabilidad penal en caso de contagios en esos centros de trabajo y esto dependerá del informe que obtengan las autoridades federales. La funcionaria puntualizó que los empresarios deben cumplir la ley, y los trabajadores no están obligados a nada contrario a las disposiciones dictadas por las autoridades de Salud durante la pandemia de coronavirus.