Como en una vieja canción de los Beatles, los jornaleros agrícolas indígenas son “de ninguna parte”. Sin tierras en su propia tierra, salen al azar a los campos agrícolas del noroeste de México y se dispersan hasta volverse “invisibles”, dice en entrevista Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan. No están considerados en ningún programa del gobierno. Permanecen fuera del radar de la Secretaría de Bienestar, a la cual Tlachinollan dirigió un escrito el 23 de abril: “El COVID 19 y la crisis alimentaria en la Montaña de Guerrero y la Costa Chica”, que planteaba esa y otras problemáticas urgentes de las comunidades indígenas de la región, y que sigue sin respuesta.
En el actual periodo de pandemia y cuarentena, muchos de los migrantes, de origen mixteco, nahua y otros, quedaron sin trabajo, atrapados en las galeras de los campos. Muchos regresan a sus comunidades, con frecuencia para encontrarlas cerradas para ellos. Barrera precisa: “Esta semana llegaron a la ciudad de Tlapa (puerta de la Montaña), 10 camiones llenos, 500 personas de diferentes comunidades que regresan de Sinaloa o Baja California”.
Pocas pudieron llegar a su casa. Otras más residen precariamente en Tlapa, y otros más andan perdidos, “como en condición de calle”, describe Barrera, “pero en el campo, al aire libre”. Familias enteras. Niños que no van a la escuela, mujeres monolingües de lengua indígena. Sin trabajo, incluso sin techo. Un cuadro de desamparo total, que es lo que desea resaltar el director de Tlachinollan.
Destaca que siete municipios indígenas de la Montaña “permanecen libres de la infección por coronavirus. Esto demuestra que las autoridades comunitarias que han tomado medidas de aislamiento, y el propio aislamiento en que se encuentran, de alguna manera los ha protegido”. Se cuidan, añade Barrera, “porque si llega la enfermedad no tienen nada para atenderla y va a estar complicado”.
Los jornaleros agrícolas sólo existen en la cuenta de población total de indígenas en el censo, cuando mucho. El abogado guerrerense señala que los jornaleros además “pueden deber multas a sus propias comunidades por no participar en las faenas comunitarias al estar ausentes. Ha sido difícil colocar en la atención de gobierno y del público la pobreza de un sector que nadie ve. No tiene casa, ni origen fijo”. En fin, la precariedad los aleja de la raíz. “Se han dedicado a trabajar surcos que no son suyos, por 100 o 200 pesos al día. Son blanco de todo el racismo que conocemos, y eso aumenta su invisibilidad”.
Tlachinollan ha interpelado también al gobierno del estado de Guerrero, demandando atención específica a la que es, probablemente, la población más precaria de la entidad. Barrera comenta el publicitado repunte de las remesas. “Fue en marzo, falta ver que pasó en abril”. Prevé una disminución, pero admite que el inesperado incremento de marzo habla de una reacción muy propia de los pueblos, que reforzaron esfuerzos al ver venir la actual emergencia. “Pero esa ‘ganancia’ no va a durar mucho”, concluye con realismo y casi pesadumbre.
En fecha reciente, Tlachinollan divulgó un registro de 98 empresas agrícolas donde trabajaban jornaleros de la Montaña hasta diciembre de 2019. La grandísima mayoría están en Sinaloa, pero también en Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. Para los miles de jornaleros indígenas dispersos muy al norte de sus pueblos, en caso de enfermar, será muy difícil que reciban atención, se encuentren donde se encuentren. Barrera insiste: “No existen”.
