Estados Unidos, pero también México, han utilizado como pretexto la pandemia del Covid-19 para, en el primer caso, prácticamente sellar su frontera sur, y en el segundo, para operar una política “deportadora” que, en ambos casos ha sido violatoria de los derechos humanos de las personas migrantes, alertó Mariana Zaragoza Gomzález, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.

Dijo que aunque todavía no hay cifras oficiales para el mes de abril, ya se habla de más de 10 mil personas deportadas desde Estados Unidos, sin importar la nacionalidad. En el primer trimestre fueron casi 58 mil los mexicanos retornados a territorio nacional.

En el caso concreto de México, la académica consideró que con el pretexto de vaciar las estaciones migrantes por ser espacios de confinamiento, México ha optado por deportar a la población migrante, en lugar en garantizarles regularización migratoria y un espacio seguro y en libertad en donde puedan pasar el confinamiento.

Al hacer una evaluación de ambos países durante la pandemia de Covid-19, Zaragoza González indicó que el país vecino del norte ha aprovechado la oportunidad para implementar medidas aún más restrictivas y presionar a los países para recibir y contener a la migración hacia el norte, y que en nuestro caso se ha dado a través de la amenaza de imponer un 5 por ciento de aranceles a los productos mexicanos.

A su vez, el Instituto Nacional de Migració (INM) está operando como institución “deportadora” que no respeta los derechos humanos de las personas migrantes. “Con el pretexto de vaciar las estaciones migrantes por ser espacios de confinamiento, han optado por deportar a la población, en lugar en garantizarles regularización migratoria y un espacio seguro y en libertad en donde puedan pasar el confinamiento”, dijo.