Organizaciones feministas alertaron que las medidas de austeridad del gobierno federal para enfrentar la crisis económica provocada por Covid-19 “podrían tener implicaciones en los programas orientados a garantizar los derechos humanos de las mujeres, particularmente aquellos destinados a la atención y prevención de las violencias”.
En una carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacaron que ante el panorama de considerable aumento de las violencias contra las mujeres durante el confinamiento, “es vital” que las instituciones que les atienden se vean reforzadas y tengan certeza en relación al presupuesto disponible para continuar operando, “misma que no se ve reflejada en la redacción presentada en el decreto emitido el 23 de abril del 2020”.
Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres, Red Nacional de Refugios, entre otras, recordaron que la información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirma que durante el mes de marzo el número telefónico 911 registró 115 mil 614 llamadas de emergencia de mujeres a nivel nacional, cifra que representa un incremento del 22.31 por ciento con respecto a febrero; es decir, recibió en promedio 155 llamadas cada hora diariamente.
Añadieron que según el SESNSP, en los primeros tres meses de 2020 fueron asesinadas 960 mujeres y niñas, 240 de estos asesinatos están siendo investigados como feminicidios.
De igual manera, las organizaciones recordaron que desde el 2019, se ha reducido el presupuesto para programas sociales con enfoque de género, entre los cuales se encuentran el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el programa Salud materna, sexual y reproductiva, el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros.
Y, señalaron que el 3 de abril, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó que se suspende la entrega del recurso presupuestado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMIS), con el argumento de que “no hay condiciones para los proyectos y para proteger a las beneficiarias”.
Ante este panorama, las organizaciones demandaron detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38, referente a la defensa de lo derechos humanos, del inciso quinto del decreto del gobierno que publicó el 23 de abril pasado en el Diario Oficial de la Federación.
“Particularmente nos interesa saber si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así, informarnos cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia”, precisaron.
Asimismo, pidieron claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.
