Ciudad de México. En el contexto de la pandemia de Covid 19, más de mil personas desplazadas por la violencia continua en el municipio tzotzil de Chalchihuitán en Los Altos de Chiapas, denunciaron un nuevo ataque armado el pasado día primero contra uno de sus campamentos de refugio. Según los testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), individuos de un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon desde el vecino municipio de Chenalhó.
“Sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom, esto ha traído mucho miedo, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar”, manifestaron los indígenas.
“Es difícil encontrar cómo alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del Covid, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela. Tampoco podemos comprar en la comunidad, porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares”.
De acuerdo con el Frayba, las comunidades de Chalchihuitán enfrentan mayor riesgo de crisis humanitaria. Los actos de violencia armada aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en las comunidades han sido agredidas desde tiempo atrás. Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de mil 236 personas desplazadas forzadamente. “Se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada ni agua potable, en carencia de servicios de salud” apunta el Frayba.
De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K'analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch'ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts'omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán, y Majompepentik municipio de Chenalhó.
El organismo con sede en San Cristóbal de Las Casas señala que, a pesar de que las comunidades desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, “el Estado mexicano no ha cumplido de manera eficiente y eficaz con implementar las acciones necesarias”.
Las comunidades de pueblos originarios “son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de sus derechos”.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), “la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de cinco mil 23 personas desde octubre de 2017”.
La Organización de Las Naciones Unidas ha postulado: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas”. Además, son “custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”. En consecuencia, se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.
El Frayba solicita de manera urgente al gobierno que garantice los derechos humanos a pueblos en desplazamiento y en doble riesgo: por ataques armados y por la pandemia de Covid 19. Peligran su integridad y seguridad. Se les debe garantizar acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a suficiente alimentación, vivienda adecuada, información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad, atención médica oportuna y sin discriminación, con consentimiento libre, previo e informado para su libre determinación. El Frayba demanda la participación de las mujeres y en especial el cuidado de los derechos de menores y adolescentes.
