San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmó que “no existen elementos” para “revocar legalmente los títulos de concesión” otorgados a la Coca-Cola, ya que el acuífero de San Cristóbal de Las Casas, “se encuentra en condición geohidrológica de subexplotación y con disponibilidad de agua para otorgar nuevas concesiones”.
Agregó que “de acuerdo con cálculos de fecha de corte al 2 de abril de 2020, el acuífero San Cristóbal de Las Casas tiene un volumen de disponibilidad media anual de 33 mil 908 millones de metros cúbicos y no ha registrado ningún abatimiento progresivo, por lo que se encuentra en equilibrio hidrodinámico y sus niveles de agua subterránea se mantienen estables”.
Señaló que “la Conagua, a través de su Organismo de Cuenca Frontera Sur, realizó un análisis del caso, encontrándose que dicha empresa tiene una concesión de 419 mil 774.30 metros cúbicos de aguas nacionales anuales a través de dos pozos”.
El síndico del ayuntamiento de San Cristóbal, Miguel Ángel de los Santos Cruz, pidió a la Conagua la revocación de la concesión a la Coca-Cola para la extracción de agua porque “genera efectos negativos y pone en riesgo el abasto de este vital líquido para la población en general, así como por los graves daños colaterales a la salud, relacionados con el consumo de refrescos (caries, diabetes, obesidad e hipertensión, entre otros)”.
En respuesta, la Conagua dijo que “los dos pozos con los que cuenta Inmuebles del Golfo, S. de R.L. de C.V., extrae agua a profundidades de 130 y 200 metros, por lo que no se afecta la fuente de abastecimiento urbano que ocupa el organismo operador de agua en San Cristóbal de Las Casas, dado que se realiza con aguas superficiales provenientes de manantiales y pozos someros”.
Por tanto, reiteró en un comunicado, “no existen elementos que permitan, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 29 Bis 4 de la Ley de Aguas Nacionales, revocar legalmente los títulos de concesión que se refieren”.
Por separado, ocho agrupaciones defensoras del ambiente, pidieron al ayuntamiento local que “en su conjunto respalde la solicitud” del síndico de revocación de la concesión, al tiempo que demandaron a la Conagua que “reconsidere su postura y cancele inmediatamente la concesión de agua a cualquiera de las figuras jurídicas que utilice Femsa-Coca-Cola”.
En un comunicado, manifestaron que “entre el 4 de diciembre de 1995 y el mismo día de 2015, las concesiones de agua otorgadas por la Conagua a la compañía Inmuebles de Golfo S.A de C.V. para la fabricación de la bebida conocida como Coca-Cola, permitieron que esta fábrica extrajera durante ese lapso diez mil millones de litros de agua, volumen equivalente a diez veces el cupo del Estadio Azteca”.
Expresaron que “las dos concesiones que la empresa tiene fueron renovadas por otros 20 años, sin ninguna consulta a las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, por lo que esta explotación ha continuado a un ritmo similar”.
Dijeron que “cuando Conagua entregó la concesión a la fábrica de la empresa Femsa-Coca-Cola en 1995, el municipio tenía 116 mil 729 habitantes. En veinticuatro años la población ha aumentado a 185 mil 917, es decir, entre un 25 y 30 por ciento tomando en cuenta a la población flotante. Durante este periodo las necesidades hídricas de la zona han aumentado de manera considerable”.
Aseguraron que “a pesar de que no existen estudios técnicos públicamente disponibles y confiables sobre la disponibilidad de los recursos hídricos del Valle de San Cristóbal y dado el incumplimiento de obligaciones de Conagua, entre ellos el monitoreo de los medidores, existen dudas razonables de que el ritmo de extracción de la planta de Femsa-Coca Cola sea sostenible”.
Afirmaron que “los impactos en la salud de la población debido al alto consumo de refrescos, que hace que el estado de Chiapas ocupe el primer lugar a nivel nacional en diabetes, sobrepeso, obesidad y desnutrición, deben de ser asumidos como una prioridad del gobierno en sus tres niveles”.
Señalaron que “los innegables beneficios derivados de la generación de empleos (obreros, repartidores, vigilantes, personal administrativo) por parte de la fábrica de Femsa-Coca-Cola, así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (actividad que permite a la empresa deducir impuestos), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce en contra de los derechos al agua, a la salud y al ambiente sano y las necesidades de los habitantes del municipio, así como a la estabilidad de sus ecosistemas”.
Por todo lo anterior, abundaron, “sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial y compete a la Conagua como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano, la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad, así como la de hacer uso de todos los recursos disponibles, tanto jurídicos como administrativos, para proteger la vida y sus derechos, y con ello, la sostenibilidad de la misma”.
Manifestaron es que por ello que “vimos con agrado” el síndico del ayuntamiento “asuma con responsabilidad su función de defensor del pueblo y respaldamos la solicitud a la Conagua para revocar la concesión de aprovechamiento de agua”, petición que “recoge el sentir de miles de habitantes de barrios y colonias, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que han exigido que se adopte esta misma medida durante muchos años”.
Aseguraron que por ello recibieron “con profunda preocupación la negativa de la Conagua a atender la petición del síndico De los Santos, renunciando con ello a las obligaciones que la institución tiene con la población”.
El documento está firmado por el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, la agrupación Otros Mundos Chiapas, Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente; la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, la Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel, el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel y la colonia Maya.