San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que recibió denuncias de “disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente del vecino municipio de Chenalhó”.

En un comunicado dijo que de acuerdo con los testimonios que recibió, “el pasado 1 de mayo, aproximadamente a las 8 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades” de Chalchihuitán, municipio tzotzil ubicado en los Altos de Chiapas.

Señaló que tal “situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de Covid-19 a las 273 familias —mil 236 personas— desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad”.

Añadió que “de especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K'analumtik, Pom, Ch ìenmut, Bololch'ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts'omolton y Cruz Kakanab, de Chalchihuitán y Majompepentik, Chenalhó”.

Manifestó que a pesar de que las comunidades citadas en deslazamiento forzado “cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17), además de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2018,” las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente y eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas”.

Sostuvo que “las comunidades de pueblos originarios son históricamente uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos”.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López solicitó “de manera urgente al Estado mexicano, que garantice los derechos humanos a pueblos originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid-19”.