Mexicali, BC. En un operativo de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General de Baja California clausuró 15 oficinas de dos organizaciones que expenden de manera ilegal placas de circulación vehicular en Tijuana.

En los establecimientos se confiscaron computadoras, engomados, láminas, tarjetas de circulación y listados de afiliados a estos negocios.

Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y de la Dirección General de Ciencias Forenses participaron en el cateo simultáneo autorizado por un juez de control con base en la carpeta de investigación 04-2020-11600.

Se trata de oficinas de la Asociación Nacional de Protección de los Mexicanos (Anapromex) y de la Organización Nacional de Protección Al Patrimonio Familiar (Onappafa), organizaciones que son investigadas por el delito contra el Servicio de Control Vehicular, de acuerdo al artículo 250 del Código Penal de Baja California.

Según la Fiscalía General de Baja California, Anapromex y Onappafa se encuentra en el supuesto de este delito toda vez que “sin contar con la autorización de la autoridad pública competente" promueven y expiden documentos, engomados, láminas o cartones de identificación vehicular "con la promesa de que podrá circular un vehículo de motor que no cuente con documentos que acrediten su legal estancia y circulación en el Estado”.

Durante este domingo 3 de mayo se crearon las sucursales de estos giros comerciales ubicadas en los bulevares 2000, Fundadores, Díaz Ordaz, Cucapah y Benítez, así como en La Gloria, Ciudad Jardín, Playas de Tijuana, Independencia, Sánchez Taboada, Salvatierra, El Florido, Tecnológico, El Refugio y la Zona Centro de Tijuana.

Estas empresas dicen tener padrones con más de 400 mil afiliados en esta frontera que les aportan mil 500 pesos anuales, cada uno, por la vigencia del documento ilegal.

En el Congreso del Estado se aprobó el Instituto de Movilidad Vehicular que cuenta con la facultad para expedir permisos de circulación temporales para carros que se encuentran irregulares en la entidad, conocida como Bonillapromex, en espera del decreto federal para la importación de vehículos.

La investigación de oficio de la FGE incluye también a estas y otras organizaciones que operan en las ciudades de Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate.