Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) hizo un urgente llamado a las autoridades para que cumplan con el deber irrestricto de respetar, proteger y garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
Esto significa que se vele por la prevención y persecución de las agresiones, y el alcanzar la justicia, no repetición y reparación integral de los daños, y, abstenerse de hacer manifestaciones estigmatizantes y seguimientos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación.
La adopción de las Recomendaciones emitidas por los organismos públicos autónomos de defensa de derechos humanos, así como por organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, es importante, explicó la dependencia en un comunicado.
La labor que desempeñan las personas periodistas y los medios de comunicación en el país no se ha detenido, a pesar del contexto de violencia, impunidad y persecución que se vive en su contra, comentó durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La libertad de prensa es fundamental en la consolidación y desarrollo de la democracia, así como en la promoción, protección y garantía de los demás derechos humanos, por lo que resulta primordial salvaguardar la integridad de quienes nos permiten acceder a ella.
México, sin embargo, es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ocupando en los últimos años, los primeros lugares a nivel mundial en personas asesinadas por su profesión en esta materia.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 se ubica en el sitio 143 de 180 naciones, pues continúa en una espiral de impunidad y violencia, siendo el país que más muertes registra de América Latina para los medios de comunicación, mencionó.
De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 11 comunicadores fueron asesinados en México en 2019, quedando en la impunidad.
Esta situación se agrava, por las constantes declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación realizadas por autoridades federales y locales, las cuales pueden constituir una injerencia o presión en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión.
Así como la persecución judicial que viven algunos periodistas, registrándose este año el homicidio de seis representantes de medios de comunicación en el país.